MUERTE DE ESPECIES SILVESTRES POR ELECTROCUCIÓN Y COLISIÓN EN CLM (La vía impunible- Costes de pérdida en biodiversidad)

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-El valor de pérdida en biodiversidad a causa de las electrocuciones y colisiones con líneas eléctricas en nuestra región pueda elevarse a más de 2,5 millones de euros anuales.

 

–El medio ambiente es un aspecto transversal a todo tipo de actividades. En ocasiones, la preocupación por el mismo se ha visto reflejada dentro de viejas normas sectoriales aún vigentes que, en principio,  poca relación tendrían con la conservación del medio natural y sus especies. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, pareciera que el legislador no era consciente del posible total alcance de sus palabras cuando estas se plasmaron en normativas.

La legislación industrial y en concreto la del sector eléctrico, es buen ejemplo de lo mencionado. En el articulado de estas primeras normativas del sector hay directrices de protección y seguridad que, desde la perspectiva del momento en que se redactaron, tenían poca aplicabilidad real y efectiva para la protección de las especies silvestres.

 

Zonas de protección en CLM donde son obligatorias las medidas del Real Decreto 1432/2008.

El paso de los años ha traído nuevos intereses y perspectivas junto con la aparición de nuevos reglamentos en sectores que se interrelacionan, como son el industrial y el medioambiental en un sentido amplio y ya de manera más concreta, el sector eléctrico y las normas de protección para las especies silvestres.

Hace años ya que algunas comunidades autónomas, en un primer y concreto acercamiento legislativo y llevadas sin duda por un expreso interés en la conservación de las especies, tuvieron el atrevimiento de intentar regular las condiciones constructivas de aquellas instalaciones eléctricas que pudieran suponer un riesgo para la avifauna silvestre. Un hecho que para Castilla-la Mancha, y mediante Decreto del año 1999, fue un necesario y efectivo revulsivo para la recuperación de especies como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) en toda la región y en consecuencia en todo el territorio nacional aunque principalmente fuese de aplicación para modificaciones y nuevas instalaciones de líneas eléctricas.

 

Otras comunidades hicieron lo propio en sus respectivos territorios y tiempo después apareció el ya archifamoso Real Decreto 1432/2008; una herramienta legal con requerimientos técnicos que aunque no era mejor que aquel decreto manchego nueve años mayor, sí sería aplicable a todo el territorio nacional. Aunque nunca se sabe en qué piensan los legisladores, este acercamiento hacia la protección de la avifauna fue bienvenido por afectar a todo el país pero también tímido en tanto que no mejoraba lo presente en algunas comunidades autónomas. Lo que desde luego sí que fue es engañoso al pretender supeditar su “fuerza normativa” a la financiación pública. No parece que ni el interés social ni el de la protección de los bienes naturales estuviese detrás de la redacción de aquel reglamento.

La publicación de aquel real decreto sirvió para que en todas las comunidades autónomas, en unas con más premura y criterio que en otras y aunque fuese por imperativo normativo, se identificase la problemática y apareciese así una base sobre la que poder trabajar contra la problemática de la muerte de aves por electrocuciones y colisiones con líneas eléctricas. A todo lo anterior y por añadidura, se le sumó el dar más publicidad y acrecentar el interés por combatir el problema.

 

-En todo caso y como principio primordial tras el de “ausencia de daños”, en la redacción de los reglamentos que afectan a la protección de los valores ambientales siempre se ha asumido, de una u otra forma, el principio de “quien contamina paga”  bien sea a través de las evaluaciones y declaraciones ambientales en las que se asume existirá un daño concreto (con intento de reparación en forma de medidas compensatorias), bien sea a través de la reparación de daños que, constitucionalmente, debe acompañar a la sanción de hechos y actividades ilícitas.

En cuanto a la aplicación de la normativa y en concreto a su régimen sancionador, según nuestra experiencia parece que se atiende de manera, digamos que al menos, irregular. Como se ha señalado antes, la vertiente sancionadora de las leyes va más allá de imponer una multa por un ilícito penal o administrativo concreto. Además de la imposición de una mera sanción económica, el régimen sancionador busca evitar que los daños ocurridos vuelvan a producirse, asegurarse la reparación de esos daños y dado el caso, indemnizar por los perjuicios causados. Todo lo anterior está suficientemente bien definido en los reglamentos que las correspondientes asambleas legislativas (de ámbito autonómico o nacional) aprobaron en su momento. Sin embargo parece que los correspondientes gobiernos no quieren aplicar las normas que se aprueban en sus parlamentos.

 

–En estos últimos años nuestra administración autonómica, de la mano principalmente de las empresas distribuidoras de electricidad, ha acentuado el trabajo que desarrolla en la protección de las aves contra la muerte por electrocuciones y colisiones y hemos podido ver cómo se han ido corrigiendo numerosos apoyos y tendidos donde morían aves (a veces también algunos mamíferos) con todo tipo de grado de protección.

Decimos de la mano de las distribuidoras y decimos bien. Recordemos que fueron ellas quienes elaboraron los listados autonómicos de líneas que incumplen lo dispuesto en el RD 1432/2008, cuya inclusión en dichos listados era obligatoria para poder recibir ayudas económicas para adaptar las líneas a dicha norma (en el primer listado sólo aparecían las de su titularidad).

También son ellos quienes suelen decidir cómo llevar a cabo las adaptaciones en cuanto a sobre cuáles apoyos actuar y sobre cuáles no. Tanto es así que llegan a actuar de motu proprio adaptando los apoyos que ellas estiman oportuno ante el hallazgo de ejemplares al realizar revisiones o acudir a incidentes en sus líneas. En este punto debemos agradecer los avisos de estos incidentes que las distribuidoras trasladan a nuestra administración más allá de que sea obligación.

Tampoco importa si tras la muerte de  uno o varios ejemplares de alguna ave de especie amenazada y existiendo un requerimiento –caducado o no- de adaptación de algún apoyo, vuelve a morir otra ave. La administración muestra una maternal paciencia y prolonga plazos para realizar las correcciones oportunas. Como norma, esta es la actuación más “contundente” que llega a realizar nuestra administración contra estos hechos “dentro de la vía sancionadora”.

Salvo casos contados con los dedos de las manos, la mencionada múltiple “vertiente sancionadora” no tiene aplicación para los casos de incidentes con las líneas eléctricas en Castilla-La Mancha.

 

Es decir:

NO existen sanciones económicas por muerte de aves electrocutadas.

NO existen requerimientos que concreten suficientemente las actuaciones requeridas ni cuyos plazos no puedan ningunearse.

NO se exigen indemnizaciones por el valor –regulado por Decreto- de los ejemplares de fauna fallecidos.

 NO se exigen ni tan siquiera, indemnizaciones por los costes que puedan suponer las actuaciones a que dan lugar estos incidentes (informes, traslados, servicios veterinarios de tratamientos y/o necropsias, costes de remisión de muestras a laboratorios, costes de cuidados por animales que no fallecen en los incidentes, costes de eliminación de cadáveres…).

 

-La muerte de ejemplares de fauna silvestre por electrocución y colisión supone, indudablemente, una pérdida en términos de biodiversidad. La aplicación de baremos económicos para tasar los perjuicios –incluidos los fallecimientos- que puedan sufrir los bienes de cualquiera naturaleza es la manera en que se reconoce el valor de dichos bienes o el minusvalor que puedan sufrir. De esta forma, la pérdida de un bien/valor se traduce en pérdida de capital económico.

Siguiendo esta línea y con datos publicados, hemos hecho unos simples cálculos con el año 2020 como referencia en UNA SOLA PROVINCIA de la región; un año que a causa de la pandemia del Sars-CoV-2 no fue de los más intensos en la búsqueda de incidentes en líneas eléctricas. Solamente el cálculo del valor indemnizatorio de las aves, siguiendo los valores indicados en el “Decreto 67/2008, de 13-05-2008, por el que se establece la valoración de las especies de fauna silvestre amenazada”, nos lleva a unas cifras que superan los 650.000 Eur. para los casos con causas claramente constatadas a la que sumar más de 200.000 Eur. si se añaden los casos en que se atendió a los animales que luego murieron, fueron irrecuperables o de aquellos de los que sólo llegaron sus restos.

 

Es decir, más de 850.000 Eur. en pérdidas indemnizatorias por la muerte de aves por electrocución en líneas eléctricas en una sola provincia de Castilla-La Mancha en un solo año.

Todo lo anterior sin añadir el  incremento anual del índice de precios al consumo (IPC) que marca la Ley de Presupuestos ni el posible aumento -de hasta el doble de lo indicado en la tabla de valoración- por aplicación de los criterios de valoración de daños establecidos en el anexo II del mencionado decreto.

Incidir en que la pérdida de capital señalada se refiere a una sola provincia de Castilla-La Mancha; es muy plausible que el valor de pérdida en biodiversidad a causa de las electrocuciones y colisiones con líneas eléctricas en nuestra región pueda elevarse a más de 2,5 millones de euros anuales.

Se ha de apuntar además que, con la actual situación meteorológica de altas temperaturas y escasas precipitaciones, las muertes por electrocución (como ya ha ocurrido en el pasado) pueden dar lugar a incendios que se inician al caer las aves con sus plumas en ignición sobre el combustible vegetal fino. En estos casos también habrían de tenerse en cuenta los gastos de extinción que conllevasen los trabajos de lucha contra estos incendios

 

–Paradójicamente y mientras tanto, se van publicando ayudas para la adaptación de las líneas eléctricas al RD 1432/2008 que perciben los titulares de las líneas que, principalmente, son las propias distribuidoras que, si hay algo que no sufren, son déficits de beneficios. Por ejemplo para UFD (Unión Fenosa), principal distribuidora en alguna provincia de Castilla-La Mancha, el montante que reflejamos arriba supondría un 0,09% de los beneficios de aquel año 2020 y para el caso de i-DE (Iberdrola) el 0,02% de los propios; siempre contando sus beneficios netos. Las comparaciones son odiosas y a veces ofensivas.

Para el año siguiente 2021, el montante del valor indemnizatorio mínimo -en la misma provincia- ascendería a casi 1,2 millones de euros ya que el número de aves muertas por electrocución se vio incrementado.

No es necesario explicar que la muerte de ejemplares de especies silvestres, sea por la causa que sea, puede llegar a suponer una pérdida de biodiversidad irreparable, especialmente si la especie en cuestión posee pocos efectivos en sus territorios. Algo más que frecuente para los ejemplares de varias especies de aves que mueren por electrocución en nuestra región.

 

Toda esta  impunidad se convierte en agravio frente a los ciudadanos castellano-manchegos ya que son ellos quienes sufren estas pérdidas, quienes costean las actuaciones de la administración y quienes pagan las adecuaciones que se realizan en las líneas eléctricas, todo esto sin recibir nada de los responsables.

 

EL RESCATE DE UN HERIDO EN LA SERRANÍA DE CUENCA SE RETRASA AL NO CONTAR CON LA INTERVENCIÓN DE LOS AA.MM.

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-Desde  APAM-CLM mostramos nuestra más profunda preocupación por casos como el presente en el que no se ha contado, desde un primer momento, con la ayuda de los Agentes Medioambientales en el rescate de un excursionista herido en la sierra de Uña cuando en la zona trabajan cuatro compañeros que la conocen perfectamente lo que provocó que su evacuación se retrasara cerca de dos horas.

Los hechos ocurrieron el viernes, 25 de febrero, cuando sobre las 18:00 horas un excursionista sufrió una caída, que le provocaba la rotura del fémur derecho, en una zona de difícil acceso de la ruta de El Escalerón y La Raya en la localidad conquense de Uña.

Al dar la voz de alarma el herido, se puso en marcha un dispositivo de emergencia, en el cuál «sorprendentemente», no se encontraban los cuatro Agentes que prestaban servicio en esa zona. Por pura casualidad y, por fortuna, los Agentes se toparon con el dispositivo de emergencias que se había movilizado desde la ciudad de Cuenca.

Hasta ese momento, el personal actuante no había podido averiguar la forma más rápida y segura de poder llegar hasta el herido y posteriormente trasladarlo hasta una ambulancia. Una vez informados los Agentes Medioambientales de lo sucedido, dirigieron al personal de emergencias por dos rutas de acceso, una en su vehículo oficial todo terreno, en el que trasladaron a efectivos de bomberos con una camilla rígida de rescate, y otra vía de acceso a pie (la más rápida) por donde finalmente bajaron al herido hasta la ambulancia con el esfuerzo de los compañeros y otros efectivos del personal de emergencias porteando la camilla.

Consideramos inadmisible que se siga menospreciando al Cuerpo de Agentes Medioambientales en aquellas emergencias acaecidas en el medio natural cuando contamos con medios para acceder a muchos de los rincones del territorio y con un profundo conocimiento del terreno. En la actualidad nuestro Cuerpo sigue sin formar parte del Plan de Emergencias de Castilla La Mancha; nuestra Asociación y los sindicatos venimos quejándonos y alertando de sus consecuencias desde hace años.

No es la primera vez que no se ha contado con la pericia, los medios y el profundo conocimiento del terreno que atesoramos los Agentes en un medio en el que desarrollamos nuestras funciones diarias. Si los Agentes Medioambientales hubieran sido movilizados por el sistema de emergencias 112 en coordinación y al mismo tiempo que el resto de los Cuerpos actuantes, el rescate podría haberse resuelto mucho antes. Esta improvisación redundó en que el rescate se retrasase unas dos horas más de lo necesario, aumentando el riesgo para la integridad física tanto del personal sanitario que se encontraba atendiendo al herido como también para el propio herido, teniendo en cuenta que el personal de rescate no llegó  al herido hasta bien cerrada la noche y con temperaturas bajo cero.

Los Agentes Medioambientales estamos siempre dispuestos y deseosos de ayudar en este tipo de sucesos tal y como hemos demostrado en otras ocasiones similares a esta.

 

EXPERTOS PROFESIONALES. El despliegue de efectivos con el que cuenta el Cuerpo de Agentes Medioambientales -con cerca de 500 integrantes repartidos por todo el territorio regional- unido al hecho de que su servicio abarca las 24 horas del día y los 365 días del año, le sitúa como una pieza clave en las primeras intervenciones dentro de las emergencias que tienen lugar en el entorno rural de Castilla-La Mancha.

Es por ello que desde esta Asociación venimos reivindicando ante el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig Cabello, y el Viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán Morales, que de forma urgente resuelvan esta situación y procedan a la integración de nuestro colectivo en los protocolos del 112 para las emergencias ocurridas en el Medio Natural.

De esta forma se optimizan  los recursos públicos existentes y se ofrece -sin lugar a dudas- un servicio público de mayor calidad. Resulta totalmente ilógico que en muchos casos tengamos conocimiento de muchos de los sucesos a través de los medios de comunicación sin que haya habido una movilización oficial por parte del Centro de Coordinación.

Existen casos concretos de personas desaparecidas o accidentadas en Montes Públicos en los que los Agentes Medioambientales, que se encontraban de servicio en las inmediaciones del suceso, se han enterado horas después a través de los medios de comunicación. Inadmisible.

ESTUPOR Y PROFUNDA INDIGNACIÓN ENTRE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES POR EL ANTEPROYECTO DE LEY PRESENTADO POR EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO

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CUENCA- Noviembre 2022

Desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM CLM) queremos alzar la voz de alarma ante lo que consideramos un ataque sin parangón a este colectivo que lleva velando por la conservación de nuestro patrimonio natural desde antes del año 1907.

Se trata del anteproyecto de Ley Básica de Agentes Forestales y  Medioambientales presentado recientemente por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) que, de aprobarse definitivamente, supondrá el golpe de gracia para este colectivo y por ende para la defensa de la biodiversidad y el medio ambiente.

La aprobación de una Ley Básica que clarifique, regule y unifique  en todo el territorio nacional  las competencias y funciones de los agentes de la autoridad ambiental ha sido una reclamación histórica del colectivo que lleva en marcha desde el reparto competencial en materia medioambiental a las Comunidades Autónomas, que supuso sufrir un caos regulatorio que afecta,y mucho, tanto a la seguridad física y jurídica como a la calidad del servicio que prestamos los agentes.

El texto presentado por el MITERD, poco o nada tiene que ver con el texto consensuado por la unidad de acción que representa a los principales sindicatos y asociaciones profesionales y mucho menos con el aprobado en el Senado en 2018. Y es que, con comunidades autónomas alzando el grito invocando el demonio de la invasión de competencias, con ingenieros de montes rogando clemencia para no quedarse sin siervos y con altos mandos de la Guardia Civil con sus tentáculos acechando oportunamente dentro y fuera del Ministerio del Interior ocupados en defender un malentendido corporativismo cimentado tan solo en un enfermizo ego profesional que se sadaría con la merma del 80% de la policía medioambiental para la alegría de los delincuentes que atentan contra nuestro patrimonio natural, se habían rebajado ya las expectativas al mínimo aceptable.

 

No obstante, lo que se nos presenta no sólo está muy lejos de ser el avance que el colectivo pretendía al reclamar esta norma sino que supone un golpe sin precedentes y un retroceso en sus competencias de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y otros; mucho más que lo que supuso en el año 2015 con la Ley de Montes del Partido Popular y que movilizó a todo el colectivo a las puertas del congreso.

El anteproyecto que se nos presenta dinamita una por una todas las pretensiones del colectivo además de cargarse de un plumazo otras cuestiones que ya estaban más que consolidadas desde sus inicios.  La Ley tan reclamada por los Agentes Forestales y Medioambientales de España que se volvería contra ellos como alguien que contrata a un guardaespaldas para velar por su seguridad y se encontrase con que este, en su primer día de trabajo, le está apuntando con su pistola en la sien.

Con una puntería perversa, el texto presentado elimina una por una prácticamente todas las referencias a la protección de los bienes jurídicos de naturaleza medioambiental y forestal,  de la investigación de delitos y del auxilio y dependencia de jueces y fiscales ante hechos delictivos, arrinconando nuestro servicio al ámbito puramente administrativo buscando la exclusión total en materia penal, con la consiguiente merma de efectivos y recursos con los que cuenta el medio ambiente para su protección.

Por esto, de aprobarse el texto presentado por el MITERD, muchos delitos medioambientales podrían quedar impunes y gran cantidad de actuaciones en materia de protección de la naturaleza podrían quedar sin efectos ante la Justicia. De igual forma deja absolutamente vacíos de contenidos los conceptos de policía judicial y de agentes de la autoridad que ostentamos desde siempre los y las Agentes Forestales y Medioambientales en España, casi equiparándonos de esta forma a ciudadanos de a pié o, siendo ambiciosos, a guardas particulares de campo, lo que aumentaría la inseguridad jurídica de las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de nuestras funciones al diluir sus atribuciones legales en un texto lleno de ambigüedades.

Esta Ley además está llena de imprecisiones como la que nos faculta expresamente para cuestiones como recurrir al apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando un ciudadano se niegue a identificarse o de limitaciones fuera de norma como es denunciar necesariamente través de ellos las agresiones o amenazas en el ejercicio de nuestro trabajo, cuestión esta última que ya tipifica el Código Penal como atentado a la autoridad y que debemos poner directamente en conocimiento de los juzgados. Nada dice sin embargo de la obligatoriedad de un ciudadano a facilitar su documentación a requerimiento de un Agente Medioambiental ni de las consecuencias de no hacerlo o de proferir contra él insultos o descalificaciones. Además, omite deliberadamente facultades tan imprescindibles como la de inspeccionar personas o vehículos en los casos en los que las circunstancias que, con objeto de evitar o esclarecer infracciones o delitos, así lo requieran. También elimina la obligatoriedad de las administraciones a proporcionarnos  defensa jurídica en relación a los problemas derivados del ejercicio legítimo de nuestras funciones.

Respecto a los vehículos que debemos conducir los agentes, la propuesta de Ley elimina la posibilidad de que estos vayan dotados de dispositivos luminosos V1-V3 que caracterizan al resto de vehículos de policía y de los cuales ya disponen los coches de los agentes de algunas comunidades como Madrid y Cataluña.

¿Pueden existir más formas de dejar completamente desprotegidos a los Agentes Forestales y Medioambientales? Pues sí, por si todo esto no fuera suficiente, nada nuevo aporta este texto referente a medios de defensa y seguridad, cuestiones que sí abordaba el texto consensuado, olvidando por tanto una de las cuestiones que hizo ver la necesidad de contar con una norma de este estilo como lo fue el asesinato de dos compañeros por parte de un cazador en Cataluña en el año 2017.

La lista de despropósitos es interminable y por ello desde la Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de Castilla-La Mancha nos oponemos de forma frontal a esta norma, reclamamos a la unidad de acción que no ceda ni un milímetro en los acuerdos y anunciamos que emprenderemos todas las acciones que sean necesarias para que esta Ley no vea la luz tal y como se nos propone, por suponer un atentado sin precedentes a un colectivo con más de 100 años de historia el cual tiene encomendada una función tan vital para la sociedad como velar por el patrimonio natural y la biodiversidad de todo el territorio.

¿OBSTRUCCIÓN A LA LABOR INSPECTORA?

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Para el Cuerpo de Agentes Medioambientales no es una sorpresa que en los Servicios Juridicos de algunas delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la impresión de que, de vez en cuando, los expedientes corran diferentes suertes sin saber muy bien porqué. Igual tardan mucho en tramitarse que tardan mucho más o bien no se terminan de firmar por órgano que resuelve, por poner un ejemplo.

Como sabemos, al frente de estos Servicios están los Secretarios provinciales como responsables máximos de los mismos con quienes a veces cuesta entenderse. Con la creación de la Consejería -como no podía ser de otra manera- aparecieron nuevos cargos, entre ellos el de Coordinador de Servicios; un puesto este que es más o menos visible en según qué provincias y que puede suponer un peldaño más a superar para entenderse con los puestos de Secretaría.

Recientemente en la provincia de Ciudad Real vía correo eléctrónico, se han recibido instrucciones del Coordinador de Servicios en cuanto a la petición, por parte de los Agentes Medioambientales, de datos de titularidad catastral para la tramitación de denuncias; peticiones que en ocasiones llevan meses sin respuesta.

A colación del mencionado correo, hace ahora un mes que APAM-CLM dirigió escrito a la Secretaría General haciéndole partícipe de la «instrucción» solicitando que homogeneice el sistema de acceso a datos catastrales en las diferentes Delegaciones provinciales dando acceso al mismo a miembros del Cuerpo, como ya ocurre en algunas provincias.

Como sigue siendo costumbre, aún no hemos obtenido respuesta pero esperamos se hayan tomado medidas. Adjuntamos a esta entrada el documento enviado a la Secretaría General.

LA SITUACIÓN DE SEQUÍA OBLIGA A AUMENTAR LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN CON EL USO DEL FUEGO

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TOLEDO, 21 DE FEBRERO DE 2022.

Desde APAM-CLM recomendamos  a la ciudadanía que empiece a tomar medidas de precaución en el uso del fuego en el medio ambiente, ante la situación de sequía en la que nos encontramos y que evite, por todos los medios, hacer fuego aunque aún no haya comenzado la campaña que lo prohíbe.

La situación de anomalía en las precipitaciones que estamos teniendo en este invierno y de las altas temperaturas que se están viviendo y que se sitúan por encima de la media para la época del año en la que estamos nos obliga a ello.

Y es que en Castilla La Mancha, el mapa de sequía acumulado nos presenta un estrés hídrico que ya despunta en la zona oriental de Albacete, el centro y sur de Ciudad Real y en la zona que limita con Extremadura, donde podemos hablar de sequías extremas.

La sequía severa está muy extendida en La Mancha y los valles del Tajo y del Henares e incluso estamos teniendo un invierno anormalmente seco en la zona de la serranía de Cuenca y serranía norte de Guadalajara.

AMPLITUD TÉRMICA.

Pero, si la ausencia de precipitaciones está provocando esta sequía, la amplitud térmica la agrava ya que aunque las temperaturas nocturnas son propias del invierno, no lo son las diurnas,  anormalmente altas en las horas centrales del día. Esto provoca que la vegetación esté mucho más seca; estamos teniendo humedades relativas propias del mes de junio, muy bajitas, prácticamente en todas las provincias por debajo del 50%. Esto quiere decir que en las horas centrales del día el riesgo de incendio no es que sea alto, es moderado prácticamente en toda la región. Pero sí es fácil que en caso de incendio, la propagación sea más rápida. Hay combustible que tiene la suficiente sequedad como para que no sólo se pueda producir un incendio sino que se propague con cierta intensidad”.

Por eso es necesario que la ciudadanía sea protagonista de la vigilancia y la conservación del medio ambiente  tomando medidas de precaución y evite el uso del fuego, sobre todo cuando estamos hablando de actividades de ocio, como son las barbacoas. En este sentido recordamos que la normativa exige que para actividades de ocio, las barbacoas se realicen en las que son de obra fija y si se usan cocinas de gas, se coloquen sobra aquellas, y nunca se haga fuego en el suelo. En todo caso y aunque no hay prohibiciones todavía, recomendamos evitar  el uso del fuego aunque estemos, supuestamente, en período  bajo de incendios.

REIVINDICACIÓN.

De otro lado volvemos a reivindicar la investigación de los incendios más allá de los cuatro meses de campaña de incendios. Consideramos sumamente importante la investigación de la causalidad de los incendios forestales en invierno y el localizar a los responsables de los mismos, algo que en Castilla-La Mancha no se está haciendo.

Es necesario que la investigación de los incendios forestales se extienda a los que ocurran durante todo el año. La investigación de las causas -que no entienden de épocas- es la mejor manera de hacer prevención.

La falta de investigación de los incendios que tienen lugar en invierno supone que desconozcamos las causas que los motivan y por lo tanto encontrar herramientas que ayuden a evitar que se produzcan; al mismo tiempo puede dejar impunes a las personas que los provocan.

Desde APAM-CLM no nos cansamos de repetir que la prevención no comienza en eliminar «combustible» sino en encontrar las causas que dan lugar al inicio del fuego pero los responsables de poner estas acciones en marcha parecen no entender esta simple obviedad.

La activación de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) se hace cada vez más necesaria.

Investigación es igual a prevención.

PROFUNDA INDIGNACIÓN DE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE CASTILLA-LA MANCHA POR EL ENESIMO DESPLANTE EN PRENSA DE LA GUARDIA CIVIL A ESTE COLECTIVO

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TRAS CONOCERSE LA SUPUESTA “DETENCIÓN” DE UN HOMBRE COMO PRESUNTO AUTOR DE UN DELITO CONTRA LA FAUNA POR LA MUERTE DE UN ÁGUILA REAL, MANIPULAN PARA LA PRENSA LAS FOTOGRAFÍAS Y DESCRIBEN LOS HECHOS DE FORMA POCO VERAZ.

 

La Guardia Civil es una institución altamente valorada por el conjunto de la ciudadanía en nuestro país, por ello y por ser garantes junto con otros colectivos de cuestiones capitales como seguridad pública, gozan de un reconocimiento y credibilidad que, si bien en muchos casos es merecida, en otros resulta cuanto menos cuestionable, al menos en lo que a lo aparecido en los medios de prensa respecta.

Recientemente se ha dado a conocer la supuesta “detención” por parte de la Guardia Civil del presunto autor de un delito contra la fauna tras ser localizado el cadáver de un águila real presuntamente envenenada y varios zorros y conejos muertos por medios ilícitos. La nota de prensa está ilustrada con al menos una fotografía en primer plano del cadáver, donde puede verse en exclusiva el escudo del benemérito cuerpo.

Hay que decir que la localización y el levantamiento del cadáver del águila real se realizó de forma exclusiva por el Cuerpo de Agentes Medioambientales en su condición de agentes de la autoridad y policía judicial, sumándose después a la inspección ocular del terreno efectivos de la Guardia Civil.

Terminada dicha inspección ocular se continuó con las investigaciones para poder dar con el posible autor o autores de tales hechos presuntamente delictivos que ha derivado en la supuesta “detención” del presunto autor.

Los agentes de la Guardia Civil no llegaron a tiempo ni de ver ni de fotografiar al malogrado animal, siendo esos documentos gráficos propiedad en exclusiva del Cuerpo de Agentes Medioambientales que no obstante, fueron integrados en las diligencias de las actuaciones conjuntas, formando parte de la documentación entregada a la autoridad judicial.

 

De forma deliberada y burda, se han manipulado dichas fotografías para difundirlas recortadas en la prensa, dando visibilidad en ellas tan solo al colectivo de la Guardia Civil. Tan grotesca es la situación que hasta se puede llegar a adivinar que la manga que sujeta al animal y que se ve en segundo plano pertenece al uniforme del Cuerpo de Agentes Medioambientales y no a la Guardia Civil. En otras fotografías incluso se ven los testigos métricos de los Agentes Medioambientales junto al cadáver del animal.

De la misma manera en la nota difundida a prensa parece entenderse que la función de los Agentes Medioambientales fue meramente la de avisar de los hechos.

Y es que se trata de una actitud recurrente que la Guardia Civil se atribuya hechos que no son suyos, siendo ya numerosos los ejemplos en los que se arroga méritos y actuaciones de nuestro colectivo tergiversando la realidad. Esta cuestión nos parece intolerable e innecesaria, entre otros motivos por el mencionado reconocimiento social del que ya goza.

Podría pensarse que todo esto se hace por parte de los mandos de la denominada benemérita con la única pretensión de monopolizar las actuaciones de Policía Medioambiental hacia su cuerpo, en un ejercicio soez de combatir o eliminar una supuesta e imaginaria rivalidad en sus funciones que sólo consigue reforzar el ego de intereses corporativos absurdos en contra de una eficiencia y eficacia en la defensa de la naturaleza impropia de un colectivo que se abandera como garante de los derechos de los ciudadanos.

Tengamos en cuenta que el Cuerpo de Agentes Medioambientales es un colectivo profundamente especializado, con más de 150 años de historia, que cuenta con muchos más efectivos que el Seprona de la Guardia Civil en nuestra región y con una gran implantación en todo el territorio, siendo las competencias en materia  medioambiental exclusivas de nuestra comunidad autónoma.

Dicho esto, no queremos dejar de mencionar la estupenda relación que existe de forma genérica entre los miembros “rasos” de la Guardia Civil y el Cuerpo de Agentes Medioambientales, donde se crean unas sinergias a pie de campo que redundan en magníficos resultados, pero esta colaboración recíproca y no subordinada parece olvidarse en algún punto de la escala de mandos o en sus gabinetes de prensa, donde abunda el desprecio, la arrogancia y la falta de compañerismo hacia el colectivo de Agentes Medioambientales.

La indignación por este asunto es general en el colectivo y por tanto, la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha no va a tolerar este tipo de desplantes, vengan del colectivo que vengan y se ocupará de hacerse eco siempre de la verdad, desmontando bulos o noticias inciertas o imprecisas que tengan como objetivo menospreciar a este cuerpo, con los medios que tenga a su disposición; máxime cuando no es la primera vez que se dan este tipo de actitudes.

LA LUCHA CONTRA EL FUEGO EN RIESGO EN CASTILLA-LA MANCHA

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A veces leyendo las noticias del diario podemos ver como grandes empresas del sector privado que, sin tener pérdidas  en sus beneficios, persiguen aumentar estos ahorrando costes reduciendo el número de empleados o el uso y número de sus recursos materiales.

El éxito de estas empresas suele venir precedido de anteriores inversiones económicas y de material, puntos claves para el triunfo de aquellas. Pero parece que llega un momento en el que se desea más…. y ahí llegan los recortes.

 

El INFOCAM (Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La mancha) cuya inmensa mayoría de medios materiales y humanos y recursos económicos gestiona la empresa pública GEACAM, se lleva a cabo a lo largo de todo el año bien sea en labores preventivas bien en labores de extinción de incendios. Sus medios también se pueden poner en marcha para otros menesteres como ocurrió el pasado año con las famosas “desinfecciones” del virus o la más reciente activación de algunos medios por las nevadas del último temporal de nieve.

Dentro del INFOCAM trabajan tanto personal funcionario de la administración como personal contratado por la mencionada empresa pública.

Los Agentes Medioambientales dentro de este plan cumplen dos papeles principales: en la extinción de incendios forestales son los encargados de ejercer la dirección de los medios que intervienen en estos y en las mismas fechas, pero relacionado con la prevención -cosa de la que algunos superiores  aún no se han enterado-, se encargan de la investigación de causas y responsables de los incendios a través de las BIIF (Brigadas de Investigación de Incendios Forestales).

Como es sabido, los presupuestos para INFOCAM no paran de crecer a cada año que pasa. Pretextos haylos para todos los gustos, como lo sería el aumento del número de incendios forestales (cosa que sería inexcusable), que los incendios forestales cada vez tienen más virulencia o que la meteorología este año va a ser muy desfavorable propiciando que se produzcan incendios.

El aporte de más y más dinero también puede tener su respaldo en la supuesta sobreabundancia de “combustible”, un eufemismo usado en la extinción de incendios para señalar a la vegetación, dotándole con este uso del lenguaje de un carácter que sirve al interés de según qué orador. En resumen, el aumento del gasto en incendios forestales siempre tendrá una excusa válida, haya  o no incendios.

A los recursos económicos disponibles para INFOCAM (léase GEACAM) les pasa igual, crecen a cada año que pasa haya incendios o no. Y parece que no les va mal; hace unos meses se realizó una gratificación económica extra a quienes ocupan puestos de técnico y superiores (a los puestos de inferior categoría no se les gratificó).

Por otro lado los medios humanos necesarios para que el Plan funcione son necesarios y están dispersos  en todo el territorio regional, también allí donde se encuentra la llamada “España vaciada” ofreciendo trabajo a quienes no lo tenían. Algo de tal magnitud necesita de mucha gente “de base” pero también de un “estructura superior”, una estructura que a nivel empresarial no sólo se dedica a los incendios forestales sino también a otras actividades, algunas de ellas ya incardinadas con la propia administración pública; pero este es otro tema.

Pues bien, de un tiempo acá ya están llegando los recortes a INFOCAM; unos recortes similares a los de aquella empresa privada que se mencionaba  al principio, unos recortes no económicos (esos no paran de crecer) sino materiales y humanos para …¿aumentar los beneficios?

Llegado el momento del año en el que cobra sentido la existencia del INFOCAM y de todas sus inversiones, resulta que se recorta la disposición de medios y recursos humanos allá donde se producen los incendios forestales, el medio natural.

Son ya muchos los años en que la campaña de incendios forestales se viene llevando a cabo desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre (Periodo de Alto Riesgo). Dentro de este periodo los medios materiales y humanos del INFOCAM han estado a pleno rendimiento de manera general.

Sin embargo, poco a poco estos medios han estado menos presentes dentro del periodo referido de verano, de manera que cuando anteriormente el dispositivo estaba a pleno rendimiento a principios junio,  ya el año pasado no lo estuvo hasta finales de dicho mes; lo mismo ocurrió en las últimas semanas de septiembre.

Para este año se prevé que ni siquiera las torretas de vigilancia (que nos dicen dónde y cuándo se produce un fuego) estén activas hasta la última semana de junio. En la misma situación se encuentra el resto de los medios del INFOCAM. Las labores que realizan los medios en esas semanas de junio y septiembre son las mismas que en primavera u otoño, trabajos selvícolas preventivos en una época en la que con carácter general no pueden realizarse y que en ocasiones han llegado a producir incendios; es fácil imaginar con cuanta humedad puede contar la vegetación a finales de septiembre.

Por la parte que toca a los Agentes Medioambientales, las  brigadas BIIF y el número de funcionarios para suplir eventuales bajas de Agentes de Zona –los que ejercen la dirección de extinción-  también se preveían reducir este año durante dos semanas al principio de campaña y otras dos al final de la misma. Decimos “se preveía”  porque hasta el mismo momento en que se ha redactado esta nota -día 7 de mayo-,  la  decisión de rebajar el número de guardias BIIF durante junio y septiembre estaba vigente; algún sindicato ha logrado convencer a la Viceconsejería de que no fuera así.

La Viceconsejería aún parece no entender que la investigación de las causas de incendios forestales es clave para la prevención de estos mediante el poder disuasorio de conductas incendiarias -o incluso negligentes- que supone poder atrapar a los responsables a través de la investigación que llevan a cabo las BIIFs. Sin estas investigaciones esos hechos quedarán impunes en un año que se prevé complicado.

Por desgracia, las noticias que llegan al Cuerpo de Agentes Medioambientales desde la Consejería de Desarrollo Sostenible parecen ir en línea de dejar inoperativa la protección de nuestros espacios naturales.

Ya está previsto que el número de Agentes de Zona se disminuya en un futuro inminente con la unificación de distintas zonas de incendios, lo que supone más territorio que cubrir y más medios (si los hay) de los que ser responsables.

Así que es muy previsible que este año, como ya pasó el año pasado, los Agentes de Zona ejerzan la dirección de nada … porque no hay medios que dirigir mientras todo arde.

CONTINÚA LA FORMACIÓN EN «TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN PROFESIONAL PARA AAMM»

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La Consejería de Desarrollo Sostenible continúa el plan de formación en defensa verbal para todos los miembros del Cuerpo.

Esta edición del plan de formación -con una duración de cinco días- se está realizando durante esta tercera semana de febrero en la provincia de Ciudad Real. Las jornadas están a cargo de Juan Carlos Luis Soler, un profesional de la seguridad pública con más de 25 años de experiencia que lleva años formando a diferentes Cuerpos autonómicos de Agentes Forestales y Medioambientales, Graduado en Psicología, Profesor de Criminalística y Defensa Verbal en la UNED, Perito en Dactiloscopia y Profesor de comunicación en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE) entre otras actividades.

El objetivo principal del curso es enseñar a los Agentes a utilizar el lenguaje de forma adecuada para solucionar y reducir el número de posibles conflictos en el ámbito de su actuación profesional de cara al público. Afortunadamente algunos de los efectivos de nueva incorporación están pudiendo asistir a estas jornadas, lo que sin duda les ayudará a desarrollar su labor de manera más segura y eficiente desde estos sus inicios en el trabajo. El resto de compañeros asistentes son Agentes echándose en falta la asistencia de algún miembro de puestos superiores (Coordinadores).

Para este año 2021 la Consejería de D.S. prevé impartir cinco ediciones a las que asistirán -de manera obligatoria- un total de cien efectivos del Cuerpo (veinte por edición), por lo que se necesitará un plazo de casi cinco años para que todos los Agentes Medioambientales del Cuerpo reciban esta formación. La seguridad en todos los aspectos de la labor diaria de los Agentes Medioambientales es garantía de servicio público de calidad para los ciudadanos, por lo que desde APAMCLM consideramos que  la inversión -en formación y medios- en esta materia es de obligado cumplimiento por parte de la administración autonómica.

Agentes Medioambientales y Guardia Civil desarticulan un grupo que cazaba furtivamente en la Serranía Baja de Cuenca

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Cuenca, 30 ene (EFE).- Una actuación conjunta del cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado que cazaba furtivamente en la Serranía Baja de Cuenca y cuyos integrantes procedían de la Comunidad Valenciana.

Según han explicado este sábado a Efe fuentes del cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, la operación, que se inició el pasado mes de septiembre y se ha prolongado hasta este mes, ha permitido esclarecer un buen número de acciones de caza furtiva y se ha puesto a disposición judicial a siete personas acusadas de un presunto delito de furtivismo.

La actuación comenzó cuando agentes medioambientales de la comarca de Fuente el Espino de Moya comenzaron a detectar en terrenos cinegéticos de la zona ciervos abatidos a los que se les cortaba la cabeza para llevarse el trofeo.

Fue entonces cuando se puso en marcha la actuación conjunta con la Guardia Civil, en la que también se contó con el apoyo de agentes de las comarcas de Cañete y Landete, que finalmente ha permitido lograr esclarecer la actividad que realizaba el grupo, personas en su mayoría procedentes de la comunidad valencia que actuaban de forma organizada para evitar ser detectados sobre el terreno.

En el marco de esta actuación, los agentes han logrado incautarse de cuatro trofeos de ciervos y diversos útiles que el grupo dejaba escondido en el monte y que era utilizado para realizar sus acciones de caza furtiva, tales como espuertas, capazos o puñales.

Los agentes medioambientales han señalado que en el transcurso de esta investigación, y coincidiendo con los servicios de vigilancia que realizaban para detectar al supuesto grupo organizado, también han logrado detectar y denunciar administrativamente a otros tres furtivos que cazaban de forma individual en la zona.

Las mismas fuentes han recordado que el Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha lleva a cabo, ordinariamente, trabajos de vigilancia en todo el territorio regional para prevenir el furtivismo, para detectar a aquellas personas que no respetan la normativa legal vigente y que causan grandes perjuicios a la caza y a los cazadores que lo hacen de forma legal.

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, Rodrigo Molina, ha dicho a Efe que esta operación ha sido posible gracias al “arduo trabajo” y a los muchos servicios especiales que han tenido que llevar a cabo en la zona los agentes medioambientales en colaboración con miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

Molina ha calificado de “importantísima” esta actuación para luchar en la detención de “gente de pocos escrúpulos” que “lo hacen para lucrarse” y que causa un gran daño a la caza y a quienes la practican de forma legal.

Asimismo, ha agradecido el trabajo conjunto tanto de los agentes medioambientales como del Seprona que “se juegan el tipo esperando día y noche a este tipo de gente y se afanan en cumplir con su labor” y ha reflexionado, para concluir, que esta operación supondrá un “alivio” para aquellos cotos a los que se les estaba “robando sus piezas más preciadas” de manera ilegal. EFE

DENUNCIADO EL PRESIDENTE DE ATICA-GUADALAJARA POR OBSTRUCCIÓN A LA LABOR DE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES

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El dirigente de esta organización, que representa a algunos titulares de cotos de caza, se negó al registro del vehículo ante indicaciones de los agentes de la autoridad.

APAM-CLM ha tenido conocimiento de que el Presidente de la Asociación de Titulares de Cotos de Caza  ATICA-Guadalajara, habría sido denunciado por efectivos del Cuerpo en un control rutinario de caza.

Este individuo se negó a seguir las indicaciones de los Agentes, que le ordenaron la apertura del vehículo ante la sospecha de que pudiera portar armas o piezas de caza, teniendo en cuenta el lugar y la hora en la que tuvieron lugar los hechos. Ante la negativa a las instrucciones de los Agentes, éstos se vieron obligados a requerir el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quiénes acudieron posteriormente a al domicilio del denunciado a realizar las oportunas comprobaciones, siendo éstas ineficaces al haberse podido desprender el autor de los hechos de cualquier elemento de prueba que pudiera implicarle en la comisión de un delito o infracción contra el medio ambiente o la flora y fauna silvestres.

Teniendo en cuenta los hechos, el denunciado ha sido propuesto para sanción por incumplimiento a lo establecido en el artículo 70, apartado c) de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que establece que “Los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha y demás funcionarios que desempeñen funciones de vigilancia, inspección, custodia y policía, están facultados para inspeccionar y examinar los vehículos, zurrones, armas, u otros útiles que utilicen los cazadores o quiénes les acompañen. De esta forma, el denunciado podría enfrentarse a una sanción de hasta 6000€ y la retirada de la licencia de caza desde 1 a 3 años.

Resulta llamativo que, tras estos hechos, el denunciado haya interpuesto una denuncia contra un Agente Medioambiental porque, según publica él mismo en una red social, el Agente le realizó una fotografía al documento nacional de identidad y le indicó que abriese el vehículo “actuación para la que no es competente”.

A juicio de APAM-CLM, resulta especialmente grave que el Presidente de una organización de titulares de caza tenga tan grave desconocimiento de la legislación vigente, especialmente del artículo 70 de la Ley de Caza, mencionada anteriormente. En cuanto a la realización de fotografías al Documento Nacional de Identidad u otra documentación de carácter personal, práctica habitual en todos los colectivos de policía, se trata de una actuación permitida por la Ley de Protección de Datos, al tratarse de una actuación ejercida por funcionarios de la Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, como son, en este caso, la persecución de la infracción y el delito medioambiental. Dichos archivos son eliminados una vez se realizan las comprobaciones oportunas para el buen desarrollo de las actuaciones, siendo tratados en todo momento con total confidencialidad, tal cual establece la citada norma.

Días después de los hechos un «Comunicado Oficial» de la junta directiva de ATICA-Guadalajara en el que se exponían quejas y valoraciones relacionadas con los hechos denunciados, apuntaba a la Administración como «generadora de conflictos». ATICA-Guadalajara forma parte de ATICA-CLM, una asociación de titulares cinegéticos, cazadores y de actividades afines al sector que, según su propia web, aglutina a más de medio millar de socios y a más de doscientas asociaciones de cazadores, lo que la coloca como una de las principales asociaciones del sector en Castilla-La Mancha.

A criterio de APAM-CLM, resulta especialmente grave que se utilicen las siglas de una organización como “ATICA-Guadalajara” en aras de un interés personal, que únicamente busca enturbiar la importante labor de un colectivo como el Cuerpo de Agentes Medioambientales, que ha desarrollado una actuación profesional y ajustada a derecho, cuyo resultado, en este caso, no fue del agrado del denunciado.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha quiere mostrar su agradecimiento a otras organizaciones y miembros del sector cinegético, que se han desmarcado de las actuaciones emprendidas por el Presidente de ATICA-Guadalajara, a la par que insta a todos los cazadores que ejercen su actividad en Castilla-La Mancha a seguir las indicaciones de los Agentes Medioambientales y otros agentes de la autoridad competentes en la materia, ya que de lo contrario podrían verse inmersos en un procedimiento sancionador por infracción grave a la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, siendo los principales perjudicados por estos hechos. Por no hablar de que de la eficacia de las actuaciones de los Agentes Medioambientales depende también  de que se vele adecuadamente por los derechos de las personas que desarrollan esta actividad de forma legal, cuestión que debería de ser una prioridad para ATICA-Guadalajara.