DENUNCIADO EL PRESIDENTE DE ATICA-GUADALAJARA POR OBSTRUCCIÓN A LA LABOR DE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES
El dirigente de esta organización, que representa a algunos titulares de cotos de caza, se negó al registro del vehículo ante indicaciones de los agentes de la autoridad.
APAM-CLM ha tenido conocimiento de que el Presidente de la Asociación de Titulares de Cotos de Caza ATICA-Guadalajara, habría sido denunciado por efectivos del Cuerpo en un control rutinario de caza.
Este individuo se negó a seguir las indicaciones de los Agentes, que le ordenaron la apertura del vehículo ante la sospecha de que pudiera portar armas o piezas de caza, teniendo en cuenta el lugar y la hora en la que tuvieron lugar los hechos. Ante la negativa a las instrucciones de los Agentes, éstos se vieron obligados a requerir el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quiénes acudieron posteriormente a al domicilio del denunciado a realizar las oportunas comprobaciones, siendo éstas ineficaces al haberse podido desprender el autor de los hechos de cualquier elemento de prueba que pudiera implicarle en la comisión de un delito o infracción contra el medio ambiente o la flora y fauna silvestres.
Teniendo en cuenta los hechos, el denunciado ha sido propuesto para sanción por incumplimiento a lo establecido en el artículo 70, apartado c) de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que establece que “Los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha y demás funcionarios que desempeñen funciones de vigilancia, inspección, custodia y policía, están facultados para inspeccionar y examinar los vehículos, zurrones, armas, u otros útiles que utilicen los cazadores o quiénes les acompañen. De esta forma, el denunciado podría enfrentarse a una sanción de hasta 6000€ y la retirada de la licencia de caza desde 1 a 3 años.
Resulta llamativo que, tras estos hechos, el denunciado haya interpuesto una denuncia contra un Agente Medioambiental porque, según publica él mismo en una red social, el Agente le realizó una fotografía al documento nacional de identidad y le indicó que abriese el vehículo “actuación para la que no es competente”.
A juicio de APAM-CLM, resulta especialmente grave que el Presidente de una organización de titulares de caza tenga tan grave desconocimiento de la legislación vigente, especialmente del artículo 70 de la Ley de Caza, mencionada anteriormente. En cuanto a la realización de fotografías al Documento Nacional de Identidad u otra documentación de carácter personal, práctica habitual en todos los colectivos de policía, se trata de una actuación permitida por la Ley de Protección de Datos, al tratarse de una actuación ejercida por funcionarios de la Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, como son, en este caso, la persecución de la infracción y el delito medioambiental. Dichos archivos son eliminados una vez se realizan las comprobaciones oportunas para el buen desarrollo de las actuaciones, siendo tratados en todo momento con total confidencialidad, tal cual establece la citada norma.
Días después de los hechos un «Comunicado Oficial» de la junta directiva de ATICA-Guadalajara en el que se exponían quejas y valoraciones relacionadas con los hechos denunciados, apuntaba a la Administración como «generadora de conflictos». ATICA-Guadalajara forma parte de ATICA-CLM, una asociación de titulares cinegéticos, cazadores y de actividades afines al sector que, según su propia web, aglutina a más de medio millar de socios y a más de doscientas asociaciones de cazadores, lo que la coloca como una de las principales asociaciones del sector en Castilla-La Mancha.
A criterio de APAM-CLM, resulta especialmente grave que se utilicen las siglas de una organización como “ATICA-Guadalajara” en aras de un interés personal, que únicamente busca enturbiar la importante labor de un colectivo como el Cuerpo de Agentes Medioambientales, que ha desarrollado una actuación profesional y ajustada a derecho, cuyo resultado, en este caso, no fue del agrado del denunciado.
La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha quiere mostrar su agradecimiento a otras organizaciones y miembros del sector cinegético, que se han desmarcado de las actuaciones emprendidas por el Presidente de ATICA-Guadalajara, a la par que insta a todos los cazadores que ejercen su actividad en Castilla-La Mancha a seguir las indicaciones de los Agentes Medioambientales y otros agentes de la autoridad competentes en la materia, ya que de lo contrario podrían verse inmersos en un procedimiento sancionador por infracción grave a la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, siendo los principales perjudicados por estos hechos. Por no hablar de que de la eficacia de las actuaciones de los Agentes Medioambientales depende también de que se vele adecuadamente por los derechos de las personas que desarrollan esta actividad de forma legal, cuestión que debería de ser una prioridad para ATICA-Guadalajara.



Formando equipos de búsqueda integrados por Agentes Medioambientales de las distintas demarcaciones territoriales, se baten distintas áreas de las fincas inspeccionadas. Este trabajo permite no sólo detectar venenos, sino también el hallazgo de medios ilegales no homologados de captura de predadores como lazos, cepos y cajas-trampa. Además de estos equipos, en Castilla-La Mancha contamos con unidades formadas por Agentes Medioambientales especializadas en la lucha contra el veneno como la UNIVE y la Unidad Canina de Albacete que cuenta con perros especialmente adiestrados para este fin.

En Toledo la intervención más destacable fue la realizada el pasado mes de diciembre en el casco histórico de la capital regional, declarado Patrimonio de la Humanidad. La fuga de gasoil de un depósito ubicado dentro de un edificio, provocó el vertido de una importante cantidad de litros de dicho hidrocarburo a las aguas del entorno. A través de la recogida de muestras ambientales en pozos y aljibes se pudo averiguar el origen del vertido que estaba afectando a un sótano abovedado y excavado en roca de origen romano que actualmente se dedicada al turismo cultural. Dicha estancia posee un alto valor cultural, por lo que el patrimonio histórico de la ciudad se vio afectado. Gracias a esta actuación -llevada a cabo por los Agentes Medioambientales- se pudo localizar la fuga, analizar la composición del agente contaminante y evitar un daño irreparable al patrimonio histórico de la ciudad. 

Se trata del desmantelamiento de este centro, de manera que de los tres veterinarios que prestaban servicio hasta ahora, haciendo turnos para cubrir las guardias y así poder ofrecer el servicio de urgencias, sólo quedan dos. Si la situación anterior ya era límite por la falta de personal cualificado para cubrir la atención a todos los animales que se recepcionaban en el centro, ahora esta situación se ha tornado insostenible. Una de las veterinarias que prestaban servicio en este centro ha tenido que volver a ocupar su plaza en la OCA de Villares del Saz. Se da la circunstancia de que esta profesional es la única que posee el título acreditativo para poder manejar aparatos de rayos X, de modo que se han visto obligados a dejar de utilizar el aparato de radiodiagnóstico. Esta situación es muy grave ya que sin radiodiagnóstico no se pueden programar cirugías, tratamientos o ni siquiera pueden realizarse curas a los animales por sencillamente, desconocer los motivos de su ingreso.
Existe una gran preocupación en el Cuerpo de Agentes Medioambientales ya que los trabajos de conservación, protección y persecución de delitos contra la fauna que realizamos los Agentes tienen su continuación en estos centros de recuperación, ya que en ellos no sólo se tratan los animales que se trasladan con síntomas de enfermedades, desnutrición, impactos fortuitos, etc. sino que es en estos centros donde se llevan a cabo los análisis forenses pertinentes para poder determinar la causa de la muerte o de los daños de los animales que ingresan. Los informes forenses van a ser una prueba fundamental para llevar a cabo la investigación por presuntos delitos contra la fauna por lo que de seguir así, tememos que vayan a quedar impunes al no poderse llevar a cabo las necropsias ni los exámenes pertinentes por personal cualificado. Especies tan emblemáticas como el Águila perdicera, Milano real, Búho real, Águila imperial, etc. podrían verse comprometidas al quedar desmantelado el lugar donde se determinan causas de muerte tan atroces como electrocuciones, envenenamientos, disparos, etc.
Colaboración ciudadana
El punto al que se ha llegado no es resultado de una situación coyuntural o puntual sino que es consecuencia de una dejadez por parte de la Administración que es por Ley la obligada a garantizar la conservación de las especies amenazadas. En este centro de recuperación no existen plazas creadas para los veterinarios que trabajan en él, sino que se encuentran desplazados de sus destinos. En el centro de trabajo como tal no existe una relación de puestos de trabajo (RPT), así que lo que se ha mantenido durante todos estos años ha sido una improvisación y un parche que no se puede sostener más en el tiempo por la única voluntad, arrojo y compromiso de los trabajadores sino por un compromiso real de la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible de afrontar este problema y dotar a este centro del capital humano y de la dotación tecnológica necesarias para garantizar la conservación de las especies de fauna amenazadas de la provincia de Cuenca.











