COMUNICADO DE APAM-CLM SOBRE EL PROYECTO DE LEY BÁSICA DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES

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El pasado 5 de marzo fue aprobado en Consejo de Ministros y remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales. Dicho Proyecto, que nace en el seno del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), pretende dar cumplimiento a una de las demandas históricas del colectivo, que no es otra que la de establecer una norma de carácter básico en todo el Estado que refuerce su estatus jurídico y ponga al alcance de las y los Agentes Forestales y Medioambientales las más básicas herramientas que les permitan desarrollar sus funciones con unas mínimas garantías, tanto jurídicas, como físicas.

Esta ha sido una de las líneas de trabajo que desde hace años han venido desempeñando, con mayor o menor acierto, las diferentes organizaciones sindicales y la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), habiendo acordado de manera conjunta un texto, antaño aprobado en el Senado en forma de Proyecto de Ley, que debería de servir como punto de partida para futuras oportunidades que pudieran surgir al respecto. Aún siendo muy mejorable, suponía un buen punto de partida para iniciar un trabajo que culminara en una futura norma de utilidad para el desempeño de la Policía Medioambiental española.

Sin embargo, una vez analizado el Proyecto de Ley remitido al Congreso de los Diputados, asistimos estupefactos a lo que ha desembocado en un vaciado total de contenido de la norma que, lejos de resolver los problemas anacrónicos de este colectivo, los acrecenta generando mayor confusión e inseguridad jurídica para el ejercicio de sus funciones más básicas.  Nada dice la norma en cuanto a la organización en torno a Cuerpos propios y se ha recortado al máximo el artículo dedicado a las “Facultades”, que se limita a recoger contenidos ya vigentes en otras normas. Nada se regula sobre la obligatoriedad de un ciudadano de facilitar su documentación a requerimiento de un Agente Medioambiental ni de las consecuencias de no hacerlo o de proferir contra él insultos o descalificaciones. Además, omite deliberadamente facultades tan imprescindibles como la de inspeccionar personas o vehículos en los casos en los que las circunstancias que, con objeto de evitar o esclarecer infracciones o delitos, así lo requieran. Tampoco se atisba refuerzo alguno a la consideración de Policía Judicial genérica que no exista ya en la actualidad.

 

Jubilación anticipada y segunda actividad

Siendo esta una de las demandas históricas del colectivo, el Proyecto de Ley presentado por el MITERD pasa de puntillas sin ni siquiera hace mención al asunto. Debe de ser que sus promotores están de acuerdo con que los Agentes Forestales y Medioambientales con edades superiores a los 60 años tengan que estar en primera de línea de fuego y desempeñando funciones policiales de riesgo en entornos muchas veces inhóspitos sin unas mínimas garantías de seguridad.

Recordemos en este punto que al colectivo de Agentes Forestales y Medioambientales se le dijo en las reuniones previas, y así lo defendió algún sindicato, que esas cuestiones no pueden ir reguladas en una Ley Básica de este tipo. Hoy podemos comprobar cómo los Bomberos Forestales llevan reflejadas en su proyecto de Ley ambas cuestiones y nosotros no.

 

Protección legal de la figura del Agente Forestal/Medioambiental

Otro de los pilares básicos de las demandas presentadas por el colectivo es la protección de la figura del Agente Forestal/Medioambiental. Bien podría aprovecharse esta Ley para aclarar que las faltas de respeto y consideración, insultos, amenazas…etc. proferidas contra los Agentes Forestales y Medioambientales serán sancionadas, al igual que para el resto de policías, conforme a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Ciudadana, evitando la actual situación de desprotección en la que unas Delegaciones del Gobierno tramitan este tipo de denuncias y otras se desentienden del asunto.

Pese a ser uno de los presuntos objetivos principales de la norma, lo cierto es que, de aprobarse tal cual se presenta, la desprotección seguirá en aumento.

Utilización de la señal V-1 y V3 en los vehículos oficiales

Es esta una cuestión de muy fácil solución. Basta con incluir la oportuna modificación en el Reglamento General de Vehículos y Reglamento de Circulación para que los vehículos de los Agentes Forestales sean considerados “vehículo de policía”. Pues bien, la Disposición Final Tercera, que trata este asunto, lo tergiversa de  tal forma que habla de  “la consideración de vehículo prioritario de policía administrativa especial y de emergencias y regular el empleo por los mismos de la señal que corresponda”. Una figura inexistente en la normativa, a través de la cual parece quererse establecer otra regulación al margen de la existente con tal de no considerar nuestros vehículos como “vehículo de policía”. ¿Será de forma intencionada para establecernos otro color diferente?

 

Medios de defensa

Nos encontramos en este apartado con  un nuevo artículo carente de contenido. No establece ningún tipo de regulación, no se fija una escala de medios, no se otorga ninguna facultad que no exista ya en la actualidad, pues se remite en todo momento a legislación vigente en la materia. Se desaprovecha nuevamente la ocasión para dar cabida a otra demanda histórica del colectivo, como es la de que la Tarjeta de Identificación Profesional de los Agentes Forestales y Medioambientales ampare el uso de medios de defensa, previa formación necesaria, como ya ocurre en otros colectivos similares.

Los propios informes hacen patente la ineficacia de la norma

Los propios informes que analizan el Proyecto de Ley alertan de la ineficacia e inaplicabilidad de la misma por la técnica utilizada en su redacción. En concreto, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa recalca, entre otras cuestiones, la siguiente:

“Se observa que varias de las previsiones de la norma carecen de aplicabilidad por sí mismas, pues su aplicación se condiciona a lo que se disponga por otras normas, que la mayor parte de las ocasiones se refieren de manera puramente abstracta o genérica. Así sucede, por ejemplo, con las facultades que se enuncian en el artículo 5.1. Se advierte que esta técnica de regulación no es la más aconsejable pues, por una parte, genera una mayor complejidad en el ordenamiento jurídico (al requerir el engarce de varias normas para interpretar la aplicación de una regla de Derecho), y por otra resta imperatividad a la Ley que se proyecta, lo cual podría frustrar en alguna medida los objetivos de mayor homogeneidad y armonización regulatoria a los que se orienta la disposición de la normativa básica que contiene.”

 

Conclusiones

Estamos ante un Proyecto de Ley que es un “quiero y no puedo”. Un texto que se basa en recoger, de aquí y de allá, cuestiones que ya están actualmente reguladas, sin entrar a acometer las necesarias modificaciones normativas que de verdad podrían suponer una mejora sustancial al desempeño de la labor de los Agentes Forestales y Medioambientales. Un texto en el que se vislumbra entre líneas la alargada sombra de la Guardia Civil oculta tras las siglas del Ministerio del Interior, cuyo objetivo se ha conseguido con creces al eliminar del documento inicial todo aquello que pudiera suponer un avance.

 

En definitiva, un texto que el colectivo no puede apoyar y que, lejos de dar solución a los problemas existentes, se postula únicamente como un objetivo para la obtención de un rédito político por parte de sus impulsores. No nos dejemos influenciar por los cantos de sirena, esta Ley no es la solución a los problemas de la profesión, sino que, tal cual está planteada, supondría un problema más para la profesión.

 

 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/articulo/region/apam-clm-asegura-que-es-quiero-puedo-que-colectivo-puedo-apoyar/20240313110532537366.html

 

https://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/apam-clm-califica-nepotista-desarrollo-sostenible-puestos-responsabilidad-683639-1.html

 

ESTUPOR Y PROFUNDA INDIGNACIÓN ENTRE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES POR EL ANTEPROYECTO DE LEY PRESENTADO POR EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO

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CUENCA- Noviembre 2022

Desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM CLM) queremos alzar la voz de alarma ante lo que consideramos un ataque sin parangón a este colectivo que lleva velando por la conservación de nuestro patrimonio natural desde antes del año 1907.

Se trata del anteproyecto de Ley Básica de Agentes Forestales y  Medioambientales presentado recientemente por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) que, de aprobarse definitivamente, supondrá el golpe de gracia para este colectivo y por ende para la defensa de la biodiversidad y el medio ambiente.

La aprobación de una Ley Básica que clarifique, regule y unifique  en todo el territorio nacional  las competencias y funciones de los agentes de la autoridad ambiental ha sido una reclamación histórica del colectivo que lleva en marcha desde el reparto competencial en materia medioambiental a las Comunidades Autónomas, que supuso sufrir un caos regulatorio que afecta,y mucho, tanto a la seguridad física y jurídica como a la calidad del servicio que prestamos los agentes.

El texto presentado por el MITERD, poco o nada tiene que ver con el texto consensuado por la unidad de acción que representa a los principales sindicatos y asociaciones profesionales y mucho menos con el aprobado en el Senado en 2018. Y es que, con comunidades autónomas alzando el grito invocando el demonio de la invasión de competencias, con ingenieros de montes rogando clemencia para no quedarse sin siervos y con altos mandos de la Guardia Civil con sus tentáculos acechando oportunamente dentro y fuera del Ministerio del Interior ocupados en defender un malentendido corporativismo cimentado tan solo en un enfermizo ego profesional que se sadaría con la merma del 80% de la policía medioambiental para la alegría de los delincuentes que atentan contra nuestro patrimonio natural, se habían rebajado ya las expectativas al mínimo aceptable.

 

No obstante, lo que se nos presenta no sólo está muy lejos de ser el avance que el colectivo pretendía al reclamar esta norma sino que supone un golpe sin precedentes y un retroceso en sus competencias de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y otros; mucho más que lo que supuso en el año 2015 con la Ley de Montes del Partido Popular y que movilizó a todo el colectivo a las puertas del congreso.

El anteproyecto que se nos presenta dinamita una por una todas las pretensiones del colectivo además de cargarse de un plumazo otras cuestiones que ya estaban más que consolidadas desde sus inicios.  La Ley tan reclamada por los Agentes Forestales y Medioambientales de España que se volvería contra ellos como alguien que contrata a un guardaespaldas para velar por su seguridad y se encontrase con que este, en su primer día de trabajo, le está apuntando con su pistola en la sien.

Con una puntería perversa, el texto presentado elimina una por una prácticamente todas las referencias a la protección de los bienes jurídicos de naturaleza medioambiental y forestal,  de la investigación de delitos y del auxilio y dependencia de jueces y fiscales ante hechos delictivos, arrinconando nuestro servicio al ámbito puramente administrativo buscando la exclusión total en materia penal, con la consiguiente merma de efectivos y recursos con los que cuenta el medio ambiente para su protección.

Por esto, de aprobarse el texto presentado por el MITERD, muchos delitos medioambientales podrían quedar impunes y gran cantidad de actuaciones en materia de protección de la naturaleza podrían quedar sin efectos ante la Justicia. De igual forma deja absolutamente vacíos de contenidos los conceptos de policía judicial y de agentes de la autoridad que ostentamos desde siempre los y las Agentes Forestales y Medioambientales en España, casi equiparándonos de esta forma a ciudadanos de a pié o, siendo ambiciosos, a guardas particulares de campo, lo que aumentaría la inseguridad jurídica de las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de nuestras funciones al diluir sus atribuciones legales en un texto lleno de ambigüedades.

Esta Ley además está llena de imprecisiones como la que nos faculta expresamente para cuestiones como recurrir al apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando un ciudadano se niegue a identificarse o de limitaciones fuera de norma como es denunciar necesariamente través de ellos las agresiones o amenazas en el ejercicio de nuestro trabajo, cuestión esta última que ya tipifica el Código Penal como atentado a la autoridad y que debemos poner directamente en conocimiento de los juzgados. Nada dice sin embargo de la obligatoriedad de un ciudadano a facilitar su documentación a requerimiento de un Agente Medioambiental ni de las consecuencias de no hacerlo o de proferir contra él insultos o descalificaciones. Además, omite deliberadamente facultades tan imprescindibles como la de inspeccionar personas o vehículos en los casos en los que las circunstancias que, con objeto de evitar o esclarecer infracciones o delitos, así lo requieran. También elimina la obligatoriedad de las administraciones a proporcionarnos  defensa jurídica en relación a los problemas derivados del ejercicio legítimo de nuestras funciones.

Respecto a los vehículos que debemos conducir los agentes, la propuesta de Ley elimina la posibilidad de que estos vayan dotados de dispositivos luminosos V1-V3 que caracterizan al resto de vehículos de policía y de los cuales ya disponen los coches de los agentes de algunas comunidades como Madrid y Cataluña.

¿Pueden existir más formas de dejar completamente desprotegidos a los Agentes Forestales y Medioambientales? Pues sí, por si todo esto no fuera suficiente, nada nuevo aporta este texto referente a medios de defensa y seguridad, cuestiones que sí abordaba el texto consensuado, olvidando por tanto una de las cuestiones que hizo ver la necesidad de contar con una norma de este estilo como lo fue el asesinato de dos compañeros por parte de un cazador en Cataluña en el año 2017.

La lista de despropósitos es interminable y por ello desde la Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de Castilla-La Mancha nos oponemos de forma frontal a esta norma, reclamamos a la unidad de acción que no ceda ni un milímetro en los acuerdos y anunciamos que emprenderemos todas las acciones que sean necesarias para que esta Ley no vea la luz tal y como se nos propone, por suponer un atentado sin precedentes a un colectivo con más de 100 años de historia el cual tiene encomendada una función tan vital para la sociedad como velar por el patrimonio natural y la biodiversidad de todo el territorio.

LA ASISTENCIA A LOS CONGRESOS NACIONALES NO ES FORMACIÓN

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Cuenca octubre 2022

En breve se celebrará el Congreso Nacional de Agentes Medioambientales y Forestales en Logroño (La Rioja). Es una oportunidad única para que aquellos que, desde las diferentes Administraciones, se dedican a la vigilancia y protección medioambiental de manera profesional, tengan oportunidad de reunirse, aprender y conocer diferentes experiencias además de poder debatir.

Diferentes Administraciones autonómicas así lo han entendido y dan apoyo a sus profesionales para que asistan a estos eventos, se enriquezcan de las experiencias de otros compañeros para luego poder aplicarla en sus territorios y, de paso, proyecten una buena imagen de sus propios Cuerpos y Administraciones.

 

A mitad del mes de septiembre, APAM-CLM registró una consulta a la Viceconsejería de Desarrollo Sostenible para conocer la postura

que se adoptaría a este respecto con los Agentes Medioambientales de nuestra región. Esta consulta, cuya respuesta deseaban conocer muchos compañeros, no llegó a recibir respuesta de la Viceconsejeria -algo ya habitual- pero tampoco hizo falta recibir nada para conocer el resultado ya que en la última reunión de la CAM (Comisión Asesora Mixta) que tuvo lugar el pasado día 26 de septiembre hubo pronunciamiento por parte del Viceconsejero de cómo se iba a actuar a este respecto.

La decisión ha sido que el Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha tendrá representación en el Congreso por parte de un reducido grupo de personas, a los que los días que dure el evento les computarán como días de formación o de trabajo (no sabemos aún), irán uniformados y dispondrán de vehículo oficial para los desplazamientos junto con dietas y el abono de la asistencia al propio Congreso.

Al resto de compañeros se les «permite» ir uniformados si lo desean, nada más.

Asistentes al II Congreso Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales en Toledo el año 2013.

Más allá de que entendemos que la Orden de Uniformidad del Cuerpo ya permitiría acudir uniformados al Congreso con sólo comunicarlo a nuestro superior, no entendemos qué lleva a la Viceconsejería a no dar un apoyo similar a sus Agentes al que proveen otras Administraciones regionales a sus respectivos agentes. Andalucía, Madrid y Extremadura, entre otros, están facilitando que los días de asistencia al Congreso computen como días de formación (lo que son realmente) para sus Agentes, que acudirán uniformados y, muchos de ellos, también en vehículos oficiales.

APAM-CLM considera que estos días, en los que quienes asisten al evento lo hacen con el objetivo de aprender compartiendo experiencias, deberían al menos computarse como días de formación. No se habla de que la Administración cargue con los gastos de alojamiento y comida, tampoco se habla de ir en vehículos oficiales (que podría ser más peligroso que ventajoso, dado el estado de muchos de ellos) sino de reconocer lo más mínimo el interés y el hecho de acudir a jornadas de formación. Esa formación que últimamente el Cuerpo de Agentes Medioambientales no ve ni siquiera pasar de largo.

 

La asistencia a Congresos es formación.

…..entendiéndolo así, algunos compañeros solicitaron que se les reconociera la asistencia al Congreso como días de formación. La respuesta a estas solicitudes ha sido denegatoria porque “el citado congreso no puede ser considerado como tiempo de trabajo en los términos previstos en la citada Orden de 7 de septiembre de 2009 (“sobre horarios de trabajo y vacaciones del personal funcionario”), pues ni se trata de una actividad formativa impartida por la EAR ni tampoco se encuentra incluido dentro del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, cuyas acciones formativas están destinadas exclusivamente a personal empleado público y recogidas expresamente en el Plan de formación anual no siendo este el caso.”

La Secretaría General se ha basado en el artículo 15.1 de la mencionada Orden de 7 de septiembre de 2009 para resolver la solicitud ya que la Orden de 3 de marzo de 2008 que regula el horario especial de los Agentes Medioambientales no contiene precepto expreso.

Un artículo (el 15.1 de la Orden de 7 de septiembre de 2009) que se refiere expresa y exclusivamente a actividades convocadas o impartidas bien por la EAR o bien por promotores incluidos en los Acuerdos Nacionales de Formación Continua en las Administraciones Públicas. No se hace mención en la citada Orden a posibles convocatorias realizadas por otros promotores distintos de las dos opciones señaladas y por lo tanto entendemos no es aplicable para resolver la solicitud planteada.

Por lo tanto la decisión ha sido del todo discrecional; no decimos que la administración no pueda denegar la solicitud sino que pretende respaldar su decisión en una norma no aplicable en lugar de expresar que simplemente tiene potestad para hacerlo. Igual que la tuvo en 2013 cuando la asistencia al II Congreso Nacional celebrado en Toledo sí computó como días de formación para los Agentes Medioambientales que asistieron al evento.

Y la misma que tiene para hacer lo contrario con los compañeros que asistirán comisionados y con gastos pagados.

Dicho todo esto, y aún así, animamos a todos a acudir a la cita teniendo la certeza de que será una magnífica y provechosa oportunidad de aprender experiencias y compartir las propias con compañeros de todo el territorio nacional.

APAM-CLM PIDE LA INTERCESIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

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  • El Delegado Provincial pone en cuestión la paralización de una corta ilegal de árboles en un ENP.
  • APAM-CLM denuncia la actuación “caciquil” del Delegado Provincial ante el Defensor del Pueblo al intentar prohibirles llevar a cabo algunas actuaciones para las que los Agentes están facultados.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla La Mancha (APAM-CLM) ha pedido la intercesión del Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán, para la anulación de una instrucción emitida por el delegado provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca que consideramos “arbitraria” e “ilegal”.

En el escrito remitido a esta autoridad, APAM-CLM le recuerda la condición de Policía Judicial en sentido genérico, así como de agentes de la autoridad, que por ley tenemos los Agentes Medioambientales en el ejercicio de nuestras funciones.

Los hechos que pone APAM-CLM en conocimiento del Defensor del Pueblo se remontan  al pasado mes de diciembre cuando, Agentes Medioambientales de la provincia de Cuenca, detectaron graves irregularidades en la ejecución de un trabajo de poda de árboles, dañados por las nevadas caídas, que se desarrollaba en un Espacio Natural Protegido.

Los Agentes observaron que se estaban produciendo graves daños en la zona durante el desarrollo de los trabajos, que la poda también se estaba ejecutando sobre árboles que no presentaban daños por las nevadas caídas en la zona en 2018 y que además se estaba produciendo una corta ilegal de árboles.

Ante la constatación de estas anomalías, los Agentes procedieron a poner los hechos en conocimiento de su superior jerárquico, el Coordinador Provincial, así como del correspondiente Jefe de Servicio, entre otros. De dichas irregularidades se dejó constancia en diversas denuncias y comunicaciones que fueron remitidas por el cauce ordinario establecido.

Transcurridos varios días sin respuesta al respecto, ante la continuidad del daño causado y atendiendo en todo momento al principio de prevención, los Agentes vieron necesario adoptar medidas provisionales procediendo a la paralización cautelar de los trabajos. Recordamos que el bien jurídico a proteger era un Espacio Natural Protegido, por lo que las medidas debían adoptarse conforme a la normativa establecida al respecto y de forma urgente para evitar un daño ambiental mayor.

Sin embargo, días después, el Coordinador Provincial de AAMM de Cuenca distribuía un correo electrónico redactado por el Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, Rodrigo Molina Castillejo, reprochando y poniendo en cuestión dicha actuación. El correo electrónico también contiene una instrucción emitida desde la “Unidad de Agentes Medioambientales” que, de forma velada, induce a llevar cabo una dejación de funciones por parte de los efectivos de este Cuerpo que en ningún caso podemos consentir.

Desde APAM-CLM hacemos saber al Defensor del Pueblo que el correo remitido a los Agentes Medioambientales aparece sin firma ni identidad del autor, por lo que desconocemos quién da la orden. Consideramos muy grave que desde una Delegación Provincial se ponga en cuestión esta actuación y que se nos ordene no precintar ni adoptar medidas provisionales al margen del procedimiento administrativo establecido, cuando la ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha así lo establece.

Tampoco desde la Consejería se ha remitido oficio alguno argumentando las razones del levantamiento de las medidas que no han consistido en otra cosa que una llamada telefónica del Jefe de Servicio a la empresa ejecutora de los trabajos informándoles de que podían continuar con los mismos.

Por todo ello, y dado que los Agentes no actuaron en ningún caso fuera del procedimiento establecido, pedimos al Defensor del Pueblo que reclame al Viceconsejero de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha, la inmediata anulación de la citada instrucción que no sólo es arbitraria y no ajustada a derecho sino que vulnera gravemente la condición jurídica y atribuciones legales de los miembros de un Cuerpo cuya principal labor es la de la protección del Medio Ambiente.

Igualmente solicitamos la rectificación del correo remitido y que se asuman responsabilidades por la difusión de una instrucción que no se ajusta a derecho y que ataca a lo más básico de la protección medioambiental.

El Valle de Aran acogerá el 4º Congreso Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales

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El Valle de Aran acogerá el 4º Congreso Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales con la temática de Seguridad y Policía Medioambiental

Del 18 al 20 de octubre, el Valle de Aran acogerá este importante congreso donde se realizarán ponencias y debates.

 

El Conselh Generau d’Aran, a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de Aran, con la colaboración de AEAFMA y ASPARC, organizarán el 4º Congreso Nacional de Agentes Forestales y Medioambientales que tendrá lugar del 18 al 20 de octubre en el Valle de Aran.

El Congreso contará con ponencias y debates con la siguiente temática:
– Funciones de las Agentes de Medio Ambiente como policía medioambiental.
– Persecución de delitos.
– Seguridad y riesgos laborales.
– Uso de nuevas tecnologías y unidades con perros.
– Ponencias de Agentes Forestales italianos y franceses.
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En breve se abrirán las inscripciones y se dispondrá del programa definitivo, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de Aran está abierto a que los profesionales interesados puedan aportar temas para las ponencias, paneles y stands.

 Enlace noticia: http://www.conselharan.org/es/el-valle-de-aran-acogera-el-4o-congreso-nacional-de-agentes-forestales-y-medioambientales-con-la-tematica-de-seguridad-y-policia-medioambiental/

 

 

Comunicado de APAM-CLM ante las lamentables declaraciones del Consejero de Agricultura

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Agentes Rurales de Cataluña

Hoy mismo hemos tenido conocimiento de unas declaraciones del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que, a nuestro juicio, rozan lo esperpéntico. El desconocimiento de las funciones de los Agentes Medioambientales y la incapacidad de nuestros dirigentes para gestionar adecuadamente nuestro colectivo, llegan ya hasta límites insospechados. Podríamos llegar a decir aquello de «me río por no llorar» si no fuera porque en este caso lo que está en juego es nuestra propia seguridad.

Habiendo transcurrido apenas dos semanas del asesinato de dos compañeros Agentes Rurales en Lleida, y tras ser preguntado por un medio de comunicación sobre si los Agentes Medioambientales le han pedido la posibilidad de portar armas para mejorar su seguridad, esta ha sido su respuesta:

«No nos lo han trasladado formalmente. Personalmente, no me parecería lógico que así fuese, entre otros motivos porque Castilla-La Mancha no tiene las competencias en materia de seguridad ciudadana y porque creemos que la Policía y la Guardia Civil cumplen perfectamente con su papel. Eso no quita que desde esta Consejería apostemos porque los agentes medioambientales tengan cada vez mayor dotación y mayor seguridad. Para ello ya hemos cumplido con su reivindicación de ponerles los distintivos luminosos azules en los vehículos, pero nos vamos a volver a reunir con un colectivo tan importante que debe saber que no vamos a escatimar en su seguridad.»

Estas declaraciones denotan una gran falta de preparación del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para estar al frente de un colectivo como el nuestro. Es esta una cuestión que ya se ha planteado en diversas ocasiones desde esta Asociación pidiendo abiertamente el cambio de Consejería y hoy no hacemos otra cosa que ratificarnos en nuestra pretensión. No podemos continuar así.

Mezclar cuestiones que nada tienen que ver entre sí cuando se habla de la seguridad de sus funcionarios ante unos hechos tan graves como los acontecidos recientemente, denotan gran desconocimiento de los cometidos que un Agente Medioambiental lleva a cabo en el desempeño de su labor.

¿Qué tienen que ver las competencias de Seguridad Ciudadana para que sus agentes le estén solicitando medios de defensa?, ¿acaso un Agente Medioambiental asume menos riesgos que un Guardia Civil o un Policía Local cuando se disponen a actuar frente a un infractor o un delincuente?, ¿desconoce el Consejero que el colectivo de Agentes Medioambientales es el que más actuaciones lleva a cabo con gente armada en todo el estado español?. 

La realidad, señor Consejero, es que dada la precariedad de medios en la que Ud. nos tiene sumidos, nos vemos abocados a asumir un riesgo mayor que aquéllos colectivos a los que usted menciona. Falta total de medios de defensa, formación en resolución de conflictos que se nos niega una y otra  vez, sistemas de comunicaciones obsoletos, falta de protocolos de trabajo…¿y dice usted que se preocupan por nuestra seguridad?. Lamentable. 

Queremos recordarle que el Agente Medioambiental ostenta la condición de Agente de la Autoridad, Policía Administrativa Especial y Policía Judicial Genérica. En el ejercicio de nuestras funciones tenemos la obligación de intervenir ante infracciones y delitos medioambientales, siendo este nuestro cometido principal conforme establece el ordenamiento jurídico. Cualquier ciudadano entiende, y nos ha quedado sumamente demostrado a través de los mensajes recibidos en los últimos días, que para llevar a cabo esta labor hace falta algo más que una libreta y un boligrafo. Se empeñan ustedes en negar lo evidente. Antes que no parecerle lógico que los agentes pidamos armas, debería parecerle ilógica la realidad a la que nos enfrentamos en nuestro día a día, que dista mucho de lo que a usted le cuentan en su despacho.

En nuestra Comunidad también ha habido agresiones, insultos y amenazas a diversos compañeros/as y nada se ha hecho por solucionarlo. Ni medios, ni formación , ni defensa jurídica a los agentes afectados. Sí, esta es su Consejería.

Queremos, también,  recordarle que los dispositivos luminosos azules que se están re-instalando en los vehículos, deberían llevar puestos año y medio y, sin embargo, ha habido que esperar a una sentencia por denuncia del sindicato Comisiones Obreras y a multitud de notas de prensa de esta asociación y los agentes sociales para que se haya visto obligado a ponerlos. Sentencia que, por cierto, ustedes han recurrido. Sí, esa es su preocupación por nuestra seguridad.

Le instamos a que, de una vez por todas, se constituya una comisión de expertos que valore TODOS los riesgos a los que se enfrentan los Agentes Medioambientales y se determinen los medios adecuados para hacerlos frente. Así es como se mejorará nuestra seguridad, no con palabras vacías. Y cuando hablamos de expertos nos referimos a profesionales externos con conocimientos y experiencia en cuerpos y actuaciones policiales, no técnicos «de la casa». 

Por último le informamos que, ante el inmovilismo que reina en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y, en concreto, en la invisible Unidad de Agentes Medioambientales, hemos procedido a solicitar reunión al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al objeto de tratar un asunto tan grave como son las agresiones a los Agentes Medioambientales.


EL GUIÓN ESPERADO

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No es nada nuevo que desde esta Asociación hablemos de oscuros intereses que se ciernen sobre cualquier posibilidad de evolución y desarrollo del Cuerpo de Agentes Medioambientales. De hecho lo hacemos con cierta frecuencia. Lo que sí es novedad es que esas partes «interesadas» afloren ante la opinión pública y aireen sin complejos lo que desde hace muchos años vienen imponiendo tras las puertas de los despachos.

La explicación de que esto suceda es sencilla. Los Agentes Medioambientales llevamos reivindicando de forma lógica un mayor apoyo institucional para el desempeño de nuestras funciones de policía, vigilancia y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza medioambiental. Dicho respaldo, pedimos, debe plasmarse, entre otras cosas, en una Ley de Cuerpo que recoja de forma clara nuestras funciones y nos dote de una estructura más operativa que la actual.

Por costumbre, nuestras propuestas han caído siempre en saco roto, bien por desinterés de nuestros gobernantes, bien porque si algo de ese interés surgía, no tardaba en aparecer quien se lo quitara.

Hemos asistido recientemente al anuncio de nuestro Consejero de la decisión de reinstalar los luminosos azules en los vehículos asignados al Cuerpo de Agentes Medioambientales de forma inmediata y a presentar un borrador de Ley a esta Asociación y a los agentes sociales en el mes de febrero. Esperamos que así sea y que de una vez impere el sentido común que tantas veces brilla por su ausencia.

Poniéndonos en la piel de un ciudadano que pueda pensar ¿y qué me aporta a mí una Ley para el Cuerpo de Agentes Medioambientales? La respuesta es sencilla: supone un aval para la protección medioambiental. Desde los montes por los que paseas hasta el aire que respiras tendrán una mayor garantía de protección.

Las competencias de Medio Ambiente, como ya conocemos, se encuentran transferidas a las Comunidades Autónomas que, con respeto a la normativa básica estatal, tienen la facultad de legislar en materia medioambiental y la obligación de velar por el cumplimiento de esa normativa. Y es aquí donde entran en juego los Agentes Medioambientales. De poco nos sirve tener un vasto aparato normativo (legislación europea, estatal, autonómica y local) de protección del Medio Ambiente si no articulamos debidamente los recursos que deben trabajar para asegurar su cumplimiento. La aprobación de una Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales es, sin duda, la garantía de que los recursos naturales de Castilla-La Mancha van a estar convenientemente protegidos.

Recordemos que Comunidades como Madrid o Cataluña ya regularon desde hace años mediante Ley a sus agentes, siendo referentes a nivel nacional.

Sin embargo, ante cuestiones a simple vista lógicas y sensatas, aparecen los miedos y los corporativismos de integrantes de conocidos colectivos que, lejos de entender que lo que se propone repercute directamente en una mejora del servicio que prestamos, se posicionan en contra de una cuestión que ni les compete ni influye en su trabajo.

Los primeros, cuya frase es favorita es «sois nuestros ojos en el campo», fueron los primeros en saltar a la palestra tras el anuncio del Consejero. Uno puede esperar que los protagonistas de tan lamentables actos sean veteranos en el oficio, de mentalidad arcaica, añoradores de tiempos pasados. Sin embargo, aparecen caras nuevas, jóvenes promesas que, tras ser víctimas del impulso del momento, destapan sin tapujos sus vergüenzas en las redes sociales, manifestando poco menos que una Ley para los Agentes Medioambientales supondría el Apocalipsis de Castilla-La Mancha.

Los segundos, especialmente activos en los últimos tiempos, suelen asegurar de forma elegante «nosotros no opinamos sobre las leyes, sólo las hacemos cumplir», para terminar haciendo un extenso alegato de cómo debe organizarse el sistema normativo de nuestro país. En torno a ellos. Ni el ciudadano ni el recurso a proteger importan.

Tanto unos como otros no se han parado un instante a pensar que lo propuesto no influye en el trabajo de ninguno de los dos. Debieran, entendemos, alegrarse de que «compañeros» del sector consigan mejoras lógicas para el desempeño de su cometido.

Desde APAM-CLM siempre hemos defendido la colaboración, coordinación y entendimiento con otros profesionales del sector, pero entendemos como una falta de respeto que determinados individuos, en representación o no de organizaciones más amplias, traten de boicotear cualquier atisbo de mejora que podamos obtener. Sobre todo porque detrás de estas propuestas está el trabajo de años de muchos compañeros que luchan por mejorar su profesión.

Somos conscientes de que estos movimientos se vienen produciendo hace tiempo y se multiplicarán en un futuro. Forman parte del guión esperado que ya le venimos anticipando al propio Consejero en las sucesivas reuniones mantenidas. También sabe que, al igual que hemos sido especialmente críticos con algunas de las políticas que ha desarrollado, tendrá nuestro respaldo en cualquier propuesta que suponga un avance para nuestro colectivo y por tanto para la protección del medio ambiente de nuestra comunidad.

Los agentes forestales hartos de los mandos de la Guardia Civil

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La pelea en la España de las autonomías por las competencias torna a veces en algo ridículo. Una de estas batallas menos conocidas es la guerra que los cerca de 6.500 agentes forestales de toda España libran con los mandos de la Guardia Civil, encuadrados especialmente en el Seprona, en defensa del medio ambiente.
El año pasado el Ministerio del Interior logró que el proyecto inicial de Ley de Montes se modificara para que se considerara a los forestales “auxiliares” del Seprona, eliminando a aquellos de las actuaciones frente a delitos ambientales y obviando, por tanto, su consideración de policía judicial. Sin embargo, la protesta de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales y los sindicatos hizo que finalmente estos funcionarios sigan siendo considerados en la Ley de Montes policial judicial genérica, según marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente.

Agentes forestal.

La falta de una regulación jurídica estatal básica, que se hace imprescindible ya que los agentes dependen de las comunidades autónomas, hace que estos tengan que estar muy atentos ante lo que consideran constantes intromisiones por parte de los mandos de la Guardia Civil que quieren acaparar competencias y defender sus intereses corporativos. Los mandos, le cuentan a este Buscón los forestales, “pretenden invadir competencias que son nuestras en todo lo relacionado a la legislación de conservación de la naturaleza”.
La relación de los guardias civiles de a pie y los agentes que están en los campos y montes “es extraordinaria”, pero cuando intervienen los mandos se estropea, dicen estos profesionales. Los jefes de la Guardia Civil encuentran como cómplices a muchas Consejerías de Medio Ambiente que no quieren que su Cuerpo de agentes forestales se desarrolle como policía, como agentes de policía y policía judicial independientes del poder político. “Los mandos cada vez quieren tener más competencias y fuerzan a los agentes a tener una tensión innecesaria con nosotros”, explica un experimentado forestal.
Ponen como ejemplo lo sucedido hace unas semanas en un coto de Villar de la Encina (Cuenca). Unos agentes medioambientales de Castilla-la Mancha realizaron una inspección y descubrieron muertos 44 ejemplares de distintas especies en peligro de extinción. Lograron descubrir y detener, en colaboración con el Seprona, al vigilante del coto que era el que había puesto las trampas para la muerte de estos animales.
Después de pactar la nota de prensa, los forestales, que habían iniciado y cargado con buena parte de la investigación, se quedaron sorprendidos cuando la nota oficial de la Guardia Civil daba todo el mérito de  la operación al cuerpo armado. “Este es un hecho más de lo que constantemente está sucediendo en toda España en un intento de menoscabar nuestro papel con la complicidad de muchos gobiernos autonómicos”, explicó un dirigente de una asociación profesional.

Enlace noticia: https://vozpopuli.com/buscon/81867-los-agentes-forestales-hartos-de-los-mandos-de-la-guardia-civil

“El medio ambiente se ve siempre relegado a un rinconcito”

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Rubén Cabrero es ahora el nuevo presidente nacional de la Asociación Profesional de los Agentes Medioambientales. Tiene que suplir a otro castellano-manchego, Luis Díaz, quien se enfrentó a una de las situaciones más difíciles por las que ha pasado el colectivo, la instauración de la reforma de la Ley de Montes. Las cosas no son más fáciles para Cabrero, porque el medio natural no es todavía una prioridad para el Gobierno y las reivindicaciones propias del cuerpo no han perdido ninguna de sus complejidades. Natural de Segovia y treintañero, Cabrero asume la labor que sus compañeros le han dado con todas las ganas
Rubén Cabrero, presidente de la asociación nacional de agentes medioambientales

¿A qué te enfrentas al asumir este nuevo cargo?

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Es complicado. Se abren negociaciones en Madrid en el Congreso de los Diputados antes de las elecciones, así que con el tiempo justo. Nuestro objetivo principal es conseguir homogeneizar nuestra imagen, porque dependiendo de cada comunidad tenemos diferente forma y diferente nombre. Sí, las competencias son autonómicas, pero la Policía Local, por ejemplo, depende de los Ayuntamientos y se llama igual en todas partes y el uniforme es muy parecido. Queremos una legislación básica de Estado que regule las competencias básicas de los agentes medioambientales.
¿Por qué es tan importante esta reivindicación para vosotros?
Hay demasiadas diferencias entre Comunidades Autónomas. Hay regiones muy fuertes, como Madrid y Cataluña, pero también hay otras en situación muy precaria, como Extremadura donde algunos compañeros están incluso sin vehículos.  Por eso pedimos el apoyo de las administraciones para que no haya diferencias.
¿Tan grave llega a ser la situación?
La situación no es la ideal en muchos casos, y para eso no hace falta irse más lejos que de Castilla-La Mancha, donde hemos perdido muchas cosas en los últimos cuatro años, y no sólo hablamos de pérdidas materiales, que es más grave en Extremadura. Nos han quitado competencias, en Castilla y León están reivindicando en los juzgados que se les retirara el arma corta. Es una batalla abierta para el colectivo.  Ante esto, nos tenemos que plantear soluciones que sirvan a todos los cuerpos, no  a uno en específico.
¿Cuáles son vuestras necesidades más graves?
Ahora mismo, la falta de convocatoria de oposiciones. Hay falta de personal en todas las Comunidades Autónomas, Madrid lleva doce años sin oposiciones, en Castilla-La Mancha, unos cinco años. El número cada vez desciende más, y entonces cada vez hay menos vigilancia, y está todo menos protegido. Y cada vez hay más gente que sale a disfrutar del medio rural, a hacer senderismo, a montar en bicicleta, a recoger setas… Esa gente necesita seguridad, son los primeros que la necesitan. La seguridad medioambiental es también muy importante en la seguridad ciudadanía.
¿Crees que se le dedica suficiente esfuerzo a la protección del medio ambiente?
Pienso que medioambiente se ve siempre relegado al rinconcito. Sí, primero debe ir la educación y la sanidad, el trabajo, pero el medio ambiente siempre se le deja en segundo lugar y lo hemos visto de forma histórica. Nuestro cuerpo no tiene dinero, presupuesto propio ni nada, siempre estamos con lo que las administraciones quieren darnos.
¿Qué consecuencias implica esto?
Más desprotegido está el medio ambiente y más descontrol hay en el entorno natural. Nosotros no podemos cubrir, ahora mismo ni la mitad de los servicios que deberíamos cubrir de vigilancia. Nos llegan denuncias de furtivismo durante la noche, pero no podemos tener turnos nocturnos, porque no nos alcanza el dinero. Es un ejemplo concreto de aquí de Castilla-La Mancha, pero que afecta a todos los agentes.
¿Aumentan los delitos medioambientales?
No, se han ido como estancando en general, pero sí han crecido en Castilla-La Mancha. El Fiscal señaló recientemente que entre 2010 y 2014 se había doblado el número de delitos de este tipo. La falta de vigilancia no significa que aumenten los delitos, sino que muchos de ellos quedan impunes, porque no llegamos a verlos.
¿Si la disposición del Gobierno cambiase, sería más sencillo prevenir catástrofes naturales?
Volvemos a lo mismo, sí. Si se abre la previsión de incendios, como acaba de anunciar el Gobierno de Castilla-La Mancha, evidentemente sería más fácil intervenir antes de tiempo. Y lo mismo ocurre en el resto de las Comunidades Autónomas, porque se puede limpiar montes, tener más efectivos.
¿Cómo juzgáis la actitud del nuevo Gobierno en Castilla-La Mancha?
Han sido muy dialogantes, y hemos presentado muchas propuestas de la Asociación que, no se han llegado a plasmar, pero la predisposición es mejor. Nos piden tiempo para solucionar sus problemas, pero lo vemos bien. En el caso de la Ley de Caza, ya se ha abierto un grupo de trabajo en el que se da cabida a todos los colectivos, no sólo a los cazadores, sino también a ecologistas o grupos que hacen uso recreativo del medio natural. Debe ser algo consensuado, no obedeciendo sólo a un criterio.
¿Cuáles son los puntos débiles del medio ambiente en la región?
Puedo enumerar tres: la Ley de Caza, el ATC y el fracking. Vemos que son polémicos y creemos que se debe atender a lo que digan los expertos. Nosotros reivindicamos, eso sí, lo que sea mejor para el medio ambiente.
 
 
 
 

Objetivo común: el mismo nombre, el mismo uniforme

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Los Agentes Medioambientales quieren homogeneizar su figura a nivel nacional
El nuevo presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), el toledano Rubén Cabrero, ha asegurado hoy que uno de los objetivos de su mandato será trabajar por la homogeneización de la figura y las funciones de este colectivo a nivel nacional.

Cabrero, que ha sido elegido este fin de semana presidente de AEAFMA en la asamblea nacional que la organización ha celebrado en Valsaín (Segovia), ha recordado a Efe que en la actualidad, a nivel nacional, los integrantes de este colectivo cuentan con diferente denominación en función de la comunidad autónoma en la que prestan sus servicios, por lo que son conocidos como agentes medioambientales, agentes forestales o agentes de medio ambiente.
El objetivo, ha defendido, es que cuenten con una misma denominación y que en todos los casos puedan portar un único uniforme que les identifique con el cuerpo al que pertenecen.
Cabrero ha ampliado que, también entre sus principales tareas, está el mantener encuentros con los responsables de medioambiente y seguridad ciudadana de las diferentes partidos políticos que concurrirán a las elecciones el próximo 20 de diciembre.
Unas reuniones que tendrán por objeto el trasladarles las demandas de este colectivo, entre las que está contar con una legislación básica a nivel estatal que regule la figura y las competencias de los agente medioambientales.
El propósito final, ha señalado, es que los agentes de este cuerpo se puedan equiparar a los de otros cuerpos que realizan funciones de policía, dado que a día de hoy, ha dicho, “no estamos incorporados en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no podemos ejercer las labores de policía que creemos debemos desempeñar”.
Otra reivindicación de este colectivo pasa por lograr conseguir que se pueda regular el acceso de los agentes medioambientales a la licencia de armas tipo A que les permita el uso de armas cortas.
Cabrero ha advertido que en algunas comunidades los agentes medioambientales ya la portan y lo que ahora se pretende es que esta medida se pueda implementar en todo el territorio nacional.
El máximo responsable de AEAFMA ha recordado que en los últimos años se han registrado algunas agresiones a agentes medioambientales y muchos de ellos han recibido amenazas, por lo que consideran que estos deben disponer de algún método de “defensa y disuasión que les ayude a garantizar su seguridad”.
Finalmente, ha concretado que otro reto que se ha marcado en su mandato es lograr que el colectivo de Agentes Medioambientales puedan estar integrados en el sistema de emergencias 112.
Para Cabrero no puede ser que este cuerpo permanezca ajeno cuando se producen emergencias en el medio natural y no se les de aviso de ellas, cuando “somos los que mejor conocemos el terreno y en la mayor parte de las ocasiones somos los que más cerca estamos del lugar donde ocurre la emergencia”, ha mantenido.
Rubén Cabrero, que compatibilizará hasta febrero próximo su nuevo cargo con el de presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM), ha concluido que contará como vicepresidente en su junta directiva con Esaú Escolar, miembro de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León.