CUENCA- Noviembre 2022

Desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM CLM) queremos alzar la voz de alarma ante lo que consideramos un ataque sin parangón a este colectivo que lleva velando por la conservación de nuestro patrimonio natural desde antes del año 1907.

Se trata del anteproyecto de Ley Básica de Agentes Forestales y  Medioambientales presentado recientemente por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) que, de aprobarse definitivamente, supondrá el golpe de gracia para este colectivo y por ende para la defensa de la biodiversidad y el medio ambiente.

La aprobación de una Ley Básica que clarifique, regule y unifique  en todo el territorio nacional  las competencias y funciones de los agentes de la autoridad ambiental ha sido una reclamación histórica del colectivo que lleva en marcha desde el reparto competencial en materia medioambiental a las Comunidades Autónomas, que supuso sufrir un caos regulatorio que afecta,y mucho, tanto a la seguridad física y jurídica como a la calidad del servicio que prestamos los agentes.

El texto presentado por el MITERD, poco o nada tiene que ver con el texto consensuado por la unidad de acción que representa a los principales sindicatos y asociaciones profesionales y mucho menos con el aprobado en el Senado en 2018. Y es que, con comunidades autónomas alzando el grito invocando el demonio de la invasión de competencias, con ingenieros de montes rogando clemencia para no quedarse sin siervos y con altos mandos de la Guardia Civil con sus tentáculos acechando oportunamente dentro y fuera del Ministerio del Interior ocupados en defender un malentendido corporativismo cimentado tan solo en un enfermizo ego profesional que se sadaría con la merma del 80% de la policía medioambiental para la alegría de los delincuentes que atentan contra nuestro patrimonio natural, se habían rebajado ya las expectativas al mínimo aceptable.

No obstante, lo que se nos presenta no sólo está muy lejos de ser el avance que el colectivo pretendía al reclamar esta norma sino que supone un golpe sin precedentes y un retroceso en sus competencias de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y otros; mucho más que lo que supuso en el año 2015 con la Ley de Montes del Partido Popular y que movilizó a todo el colectivo a las puertas del congreso.

El anteproyecto que se nos presenta dinamita una por una todas las pretensiones del colectivo además de cargarse de un plumazo otras cuestiones que ya estaban más que consolidadas desde sus inicios.  La Ley tan reclamada por los Agentes Forestales y Medioambientales de España que se volvería contra ellos como alguien que contrata a un guardaespaldas para velar por su seguridad y se encontrase con que este, en su primer día de trabajo, le está apuntando con su pistola en la sien.

Con una puntería perversa, el texto presentado elimina una por una prácticamente todas las referencias a la protección de los bienes jurídicos de naturaleza medioambiental y forestal,  de la investigación de delitos y del auxilio y dependencia de jueces y fiscales ante hechos delictivos, arrinconando nuestro servicio al ámbito puramente administrativo buscando la exclusión total en materia penal, con la consiguiente merma de efectivos y recursos con los que cuenta el medio ambiente para su protección.

Por esto, de aprobarse el texto presentado por el MITERD, muchos delitos medioambientales podrían quedar impunes y gran cantidad de actuaciones en materia de protección de la naturaleza podrían quedar sin efectos ante la Justicia. De igual forma deja absolutamente vacíos de contenidos los conceptos de policía judicial y de agentes de la autoridad que ostentamos desde siempre los y las Agentes Forestales y Medioambientales en España, casi equiparándonos de esta forma a ciudadanos de a pié o, siendo ambiciosos, a guardas particulares de campo, lo que aumentaría la inseguridad jurídica de las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de nuestras funciones al diluir sus atribuciones legales en un texto lleno de ambigüedades.

Esta Ley además está llena de imprecisiones como la que nos faculta expresamente para cuestiones como recurrir al apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando un ciudadano se niegue a identificarse o de limitaciones fuera de norma como es denunciar necesariamente través de ellos las agresiones o amenazas en el ejercicio de nuestro trabajo, cuestión esta última que ya tipifica el Código Penal como atentado a la autoridad y que debemos poner directamente en conocimiento de los juzgados. Nada dice sin embargo de la obligatoriedad de un ciudadano a facilitar su documentación a requerimiento de un Agente Medioambiental ni de las consecuencias de no hacerlo o de proferir contra él insultos o descalificaciones. Además, omite deliberadamente facultades tan imprescindibles como la de inspeccionar personas o vehículos en los casos en los que las circunstancias que, con objeto de evitar o esclarecer infracciones o delitos, así lo requieran. También elimina la obligatoriedad de las administraciones a proporcionarnos  defensa jurídica en relación a los problemas derivados del ejercicio legítimo de nuestras funciones.

Respecto a los vehículos que debemos conducir los agentes, la propuesta de Ley elimina la posibilidad de que estos vayan dotados de dispositivos luminosos V1-V3 que caracterizan al resto de vehículos de policía y de los cuales ya disponen los coches de los agentes de algunas comunidades como Madrid y Cataluña.

¿Pueden existir más formas de dejar completamente desprotegidos a los Agentes Forestales y Medioambientales? Pues sí, por si todo esto no fuera suficiente, nada nuevo aporta este texto referente a medios de defensa y seguridad, cuestiones que sí abordaba el texto consensuado, olvidando por tanto una de las cuestiones que hizo ver la necesidad de contar con una norma de este estilo como lo fue el asesinato de dos compañeros por parte de un cazador en Cataluña en el año 2017.

La lista de despropósitos es interminable y por ello desde la Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de Castilla-La Mancha nos oponemos de forma frontal a esta norma, reclamamos a la unidad de acción que no ceda ni un milímetro en los acuerdos y anunciamos que emprenderemos todas las acciones que sean necesarias para que esta Ley no vea la luz tal y como se nos propone, por suponer un atentado sin precedentes a un colectivo con más de 100 años de historia el cual tiene encomendada una función tan vital para la sociedad como velar por el patrimonio natural y la biodiversidad de todo el territorio.