El nuevo presidente del colectivo es agente medioambiental desde hace siete años. Una actividad que ha repartido entre Guadalajara, donde trabajó durante un año, y el resto ha ejercido en la zona de Ocaña (Toledo).
Llega a la dirección de APAM-CLM en un momento clave para el colectivo de 500 agentes medioambientales que trabajan en la región porque, coincidiendo con la joven legislatura, aspiran a conseguir una ley que regule su actividad (ahora trabajan bajo los parámetros de un reglamento “muy genérico”) y que les permita asumir nuevas competencias. En particular, las relacionadas con emergencias. “El número de llamadas al 112 por problemas relacionados con el medio ambiente ha crecido un 300% “, explica para afirmar que su servicio es algo que “demanda la sociedad”.
“No queremos estar por encima del Seprona pero tampoco por debajo”
Además, dicen no querer “descuidar” su función técnica en vías pecuarias, montes públicos…pero asumiendo un papel “policial” que les permita pasar de las denuncias administrativas a poder actuar sobre el delito.
En este sentido, reconoce que las competencias se solapan con las de la Guardia Civil, a través del Seprona. “Entre la policía local y nacional existen protocolos y no se suelen pisar en sus actuaciones. Nosotros lo que demandamos no es estar por encima del Seprona pero tampoco por debajo y si hay que poner en marcha convenios de colaboración, pues crearlos”.
Además, apuestan por desarrollar las distintas especialidades del cuerpo: la unidad canina, la de altura, la de investigación de venenos y la de calidad ambiental. “Funcionan mal, de forma muy genérica y con muy poco apoyo de la administración”.
“El medio ambiente para mucha gente hoy es un hobby y se generan muchos problemas. Necesitamos más personal, deberíamos ser al menos 700 tal y como marca el Plan de Conservación de la Naturaleza”, asegura.
Y no sólo eso, también abogan por un cambio en la dependencia jerárquica del cuerpo de agentes medioambientales que pasaría por dejar de estar vinculados a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para integrarse en la Dirección General de Protección Ciudadana que actualmente depende de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. “Allí hay más coordinación para el tipo de trabajo que ejercemos”, argumenta Martín.
No son peticiones nuevas. Ahora esperan ser recibidos por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page aunque, de momento, la próxima cita la tendrán en Agricultura, aún sin fecha ni interlocutor. “Ya en un par de ocasiones el presidente nos ha derivado a sus representantes pero no vamos a parar hasta que nos reciba él porque ya tuvimos una reunión con el director general y nos dijo que determinadas cosas solo podían decidirse desde arriba”.
“En el medio natural también hay muchos casos de maltrato animal”
Los agentes medioambientales dicen sentirse “excluidos” de la
Ley de Protección Animal que prepara el Gobierno de Castilla-La Mancha. Aseguran haber pedido “por activa y pasiva” que la futura norma recoja y refuerce las funciones del Cuerpo de Agentes Medioambientales para “proteger los derechos de bienestar y sanidad de los animales”.
De momento, no ha sido así. “Nos dicen que el tiempo que dediquemos a estos temas se lo quitamos al monte. En realidad hay muchos casos en el medio natural de maltrato animal”. Se refiere, en particular, a los casos de maltrato de perros durante la práctica cinegética, “con los animales de las realas hacinados y con escasa higiene”, de
falta de cuidados a los caballos o “cuando ciertas personas recogen animales silvestres para llevarlos a casa. Eso también es maltrato animal y nosotros deberíamos tomar medidas, pero nos dejan fuera”.
“Tenemos un enorme potencial que la administración no quiere respaldar”, sostiene, para aclarar también que el colectivo “no pide más sueldo sino más competencias, mejores medios y más personal”.
La “tensión” entre ecologistas y cazadores
Miguel Ángel Martín tiene su propia opinión sobre
la ‘ola’ de maltrato animal en la provincia de Ciudad Real. “No sé si tendrá que ver la tensión entre colectivos ecologistas y quienes defienden los temas más tradicionales, lo que ellos llaman culturales. Hay enfrentamientos con colectivos de caza, por ejemplo y por ahí puede venir el problema. Mientras que no haya una Ley que se posicione y todos cedan un poco…Este problema lo vamos a tener que atajar tarde o temprano”.
Aboga por conciliar los intereses ecologistas con los de la práctica de la caza. Y en este sentido,
la Ley de Caza aprobada por el Gobierno de Dolores de Cospedal que acaba de cumplir un año no ayuda y se ha convertido en otra fuente de conflicto porque la nueva norma “ha empeorado en más puntos de lo que ha mejorado”.
Cree que la norma tendrá que ser modificada para “llegar a un punto intermedio” ya que, asegura, en la actualidad “mira más por el sector cinegético” porque “la Ley de Caza se creó demasiado rápido, con pocas consultas y con claros intereses por una parte”.
“En la reintroducción del lince se ha querido correr demasiado”
El presidente de APAM valora la
campaña de reintroducción del lince ibérico y cree que “se podría haber hecho mejor” porque, recuerda, “ya son unas cuantas muertes y el problema es que en su día se quiso correr demasiado cuando antes se tenían que haber atajado otros problemas, como los métodos de captura de depredadores que existen en el campo. Son métodos no selectivos y son masivos en los que caen los animales protegidos, nos guste o no”.
Alaba la “importante” campaña de concienciación en el entorno rural para preservar al lince ibérico pero cree que no es suficiente. “Hay más temor por ser un animal protegido que concienciación”. Y algo similar ocurre con la práctica de colocar veneno en el campo. “Hay gente con mentalidad muy antigua y no hay manera. La única forma es que te toquen el bolsillo porque aunque la educación funciona, siempre hay casos que se salen de lo normal”.
Los castellano-manchegos, un notable en comportamiento ambiental
“Siempre se puede mejorar pero a los castellano-manchegos les pondría un siete en comportamiento ambiental”, dice este profesional que piensa que en el ámbito regional aún hay que cambiar determinados comportamientos. En concreto, alude al relacionado con la
Laguna de Manjavacas en Mota del Cuervo (Cuenca), donde los agentes han denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de «viñedos ilegales» en plena Mancha Húmeda. “La problemática sigue ahí y no se soluciona. Así no avanzamos”.
Los drones y el monte
Los agentes medioambientales creen que la utilización de drones en el monte es “una herramienta más” siempre y cuando el uso sea “responsable” y se cumpla la normativa. “Hemos denunciado casos de gente que graba demasiado cerca a las especies protegidas. Con las aves se han dado casos en los que esa cercanía ha provocado el abandono de nidos con los polluelos dentro”.
Lo que tiene claro es que “un dron no sustituirá a una persona en las labores de vigilancia y menos cuando tenemos tantas competencias”.
Por otro lado, el nuevo presidente pide también a las compañías eléctricas que “pongan más de su parte” para mejorar los tendidos eléctricos en los que mueren algunas especies. En este sentido, cree que las empresas deberían disponer de un inventario para saber qué tendidos están incumpliendo las medidas de seguridad y “no esperar a que nosotros denunciemos”.
