Infractores 3 – Forestales 0. Lo del pasado lunes en Doñana fue, para muchos, la gota que colmó el vaso. Tres agentes fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el transcurso de una inspección rutinaria en una finca dentro del Parque Nacional, fueron víctimas de vecinos enfurecidos. Alrededor de 200 personas, regantes de la zona, acudieron en masa a la finca convocados por Whatsapp a retener a los agentes, insultarles y amenazarles de muerte. Los ‘manifestantes’ llegaron a colocar una barrera con sus vehículos para impedir que los tres funcionarios saliesen de la finca.
En este caso no llegaron a las manos. Donde sí se recurrió a la violencia física fue en la comarca del Bajo Maestrazgo (Castellón) hace un mes, el 22 de octubre. Allí, dos agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana fueron objeto de una encerrona por parte de media docena de paranyers (pronunciado ‘parañ’ en castellano, se trata de un arte de caza de tordos tradicional de la provincia de Castellón declarada ilegal desde hace 12 años).
«Estamos muy preocupados por el incremento de los episodios de agresiones y no vamos a consentir ni uno más a ningún compañero. Nos personaremos como acusación particular en cada uno de los casos», avisa Díaz, quien ya ha dado traslado de estas inquietudes a representantes de PSOE, IU, Equo y Pacma. El propio presidente de AEAFMA puede documentar cuatro episodios violentos en el ejercicio de su trabajo y en ninguno de ellos portaba ningún elemento disuasorio. Afortunadamente, en todos ellos el juez ha dictado sentencia favorable al agente.
«Somos la policía medioambiental. Tenemos condición de agentes de la autoridad y de Policía Judicial y sin embargo a la mayoría de nosotros no se nos ha formado para situaciones de conflicto ni disponemos de material de defensa«, denuncia Díaz. Los medioambientales llevan años pidiendo, en tanto que agentes de la autoridad, recuperar el arma corta, una demanda que viene avalada por un dictamen favorable de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos. «Nuestros vehículos, por lo general, tampoco van bien identificados», añade.
Herederos del antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), a todas estas carencias cabe incluir el hecho de que existen casi tantos cuerpos de agentes medioambientales como administraciones públicas tiene España, por lo que se hace difícil reconocer a uno de estos 6.000 trabajadores desde la distancia, en mitad del monte.
En la Administración central, estos funcionarios dependen del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y trabajan para sus Organismos Autónomos. Es el caso de los tres agentes agredidos en Lucena del Puerto, en Doñana. En cuanto a las comunidades autónomas, 17 administraciones, 17 realidades distintas. Distintos nombres (Agentes Rurales en Cataluña, Guardas del Medio Natural en Asturias, Agentes de Protección de la Naturaleza en Aragón…), distinta organización, distintos uniformes, distintos vehículos… Y en general, los mismos problemas: falta de medios, falta de personal, falta de protección y falta de apoyo de las instituciones de que dependen.
Desde Galicia, el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales (Aprafoga), Xose Bieito Rodríguez, relata a El Confidencial que en su colectivo autonómico, donde dos terceras partes del territorio es monte, hay mucho trabajo, «y en general, la actitud de la ciudadanía es buena, te respetan. Pero siempre hay casos de desobediencia y este año vemos un repunte«. Son incidentes que siempre acaban en el juzgado, donde el magistrado suele dar la razón al forestal. Es el caso del agente agredido en septiembre, y el de los agentes amenazados de muerte en Lugo y en Lalín a mediados de este año. «A la hora de denunciar al agresor nos hemos llevado alguna sorpresa: llega el juicio oral y la Xunta no se persona en el juzgado«.
«Hay zonas de Aragón que no podemos cubrir o cubrimos de forma deficiente». Así de rotunda se expresa por su parte la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (AAPNA), la cual denuncia falta de personal y de medios. «Algunos de nuestros vehículos [consulte aquí las imágenes de los cuentakilómteros] superan los 300.000, tenemos el gasoil recortado [al igual que en Málaga], no llevamos rotativo y vamos mal identificados», afirma un miembro de AAPNA. En Aragón, sin embargo, no se registran episodios graves de violencia -han pasado más de 20 años del asesinato del agente Pascual Garrido-, algo que sí ocurre en Burgos. Esaú Escolar, presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (APAM-CyL), afirma que solo en Burgos los juzgados tramitan una veintena de denuncias por amenazas a agentes -entre las que se encuentran encañonamientos de cazadores- y «dos agresiones físicas graves».
Por último, la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente (APROAM) también tiene quejas sobre la situación de sus trabajadores. APROAM denuncia en este escrito el hartazgo que sienten con respecto a los «12 años de abandono» por parte del Ministerio del que dependen. Según APROAM, sus superiores no les respaldan en casos de intimidaciones, que son varios, y al igual que ocurre en Galicia, a la hora de denunciar no les prestan asistencia jurídica pese a tratarse de funcionarios con entidad policial. «La dejadez [de la Administración] es una forma de corrupción, un agravio comparativo para todos aquellos regantes, industriales y ayuntamientos que cumplen con las normas, que se gastan su dinero en regularizar, depurar y tener correctamente sus instalaciones, cuando enfrente hay otros a los que se les consienten prácticas irregulares», concluyen.
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