El colectivo exige la retirada de la Ley de Montes, señalando que se trata de la “humillación más grande” que han sufrido en sus 140 años de trabajo.
– Según las modificaciones de la legislación, los agentes verían su trabajo reducido a mera observación del entorno natural, a pesar de tener una de las formaciones más importantes del país.
– Luis Díaz, presidente de la Asociación Nacional, señala que el “ninguneo” al que son sometidos se debe a las denuncias del colectivo hacia altos cargos del Ejecutivo nacional.
Artículo 50 del borrador de la nueva ley de Montes. Los terrenos calcinados podrán ser recalificados, sin tener que esperar los treinta años que señala la ley actual, bajo el principio de “interés general prevalente de primer orden”. ¿Qué significa este principio? “No lo sabemos nosotros, ni lo saben ellos”, señala Luis Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Agentes Medioambientales. Pero con esta ley, cada Comunidad autónoma podrá decidir que un centro comercial se edifique en un terreno quemado hace menos de 30 años. Las consecuencias de esto: aumentan los incendios. La situación, tal como la plantea Díaz, es grave.
Sin embargo, no es el único problema que atrae la reforma de esta normativa. Sin ninguna duda, el colectivo de agentes medioambientales se lleva la peor parte. El artículo seis de la misma señala en el apartado Q que se elimina la palabra ‘funcionario’ de su cargo. En este sentido, el colectivo señala que se propicia así una suerte de “puerta giratoria” para que entren empresas privadas, con sus consecuentes intereses externos, como ya ha ocurrido en los centros penitenciarios. Pierden una condición que arrastran desde sus inicios, hace ya 140 años.
Pero no es lo único. Si se aprueba la nueva Ley de Montes, el trabajo que llevan a cabo estos 6.400 funcionarios públicos en toda España, se verá alterado en lo más esencial. En el artículo 58 del documento, se señala que los agentes ya no podrán elaborar atestados medioambientales, en delitos tan sonoros como la construcción de la mansión de la familia Oriol Aznar en el parque de Cabañeros, ni tampoco en temas tan sensibles como el maltrato animal. Y ahora, ¿Qué pasaría? “Con esta ley, tendríamos que llamar al 112 y dejar a la Guardia Civil que haga un trabajo para el que nosotros estamos capacitados”, señala Díaz.
Esto no sólo implica que un cuerpo se haga cargo del trabajo del otro, lo que colapsaría los servicios, sino que se pierde además protección ciudadana y también la formación que reciben los agentes desde el momento en el que se forman. “Nosotros ejercemos desde que aprobamos la oposición hasta que nos jubilamos. El Estado ha invertido mucho en nuestra preparación, y ahora, ¿Qué pasa?”, se pregunta el representante nacional del Cuerpo. En el caso de Castilla-La Mancha, señala, es la tercera región con mayor número de robos e explotaciones agrícolas y ganaderas; si se quita a la Guarda Civil, se duplica el trabajo por un lado, pero se abandona por el otro.
¿Por qué este “ninguneo”?
La explicación de Luis Díaz es escueta. “Somos funcionarios molestos, porque denunciamos hasta a nuestros propios jefes, denunciamos políticos de las Juntas de Comunidades y denunciamos familias poderosas”. En la región, señala Díaz, se han ido quitando equipos que han denunciado a “gente poderosa”, y esto se debe a que el cuerpo obedece al principio de legalidad, no al de jerarquía. “Nos debemos a la ciudadanía, para disfrutar de un medio ambiente adecuado. Por eso somos incómodos”, apunta Díaz.
El colectivo se ha reunido ya prácticamente con todos los partidos políticos, que están todos, con excepción del Partido Popular, en contra de esta Ley. Cuentan, además, con el apoyo de todos los agentes sociales, como los sindicatos, el Colegio Oficial de Biólogos e, incluso, del sindicato de la Guarda Civil. Las consecuencias de la implantación de esta nueva ley son “una barbaridad”. “Va a haber mayor gasto económico, más delitos de seguridad ciudadana… No tiene ningún sentido y entendemos que obedece a intereses de cuatro ricos y cuatro políticos”, afirma el presidente de la Asociación Nacional.
En el caso de Castilla-La Mancha, existe un ejemplo muy duro para retratar lo que ocurriría. Los agentes medioambientales han recibido la aprobación y el reconocimiento de LIFE+Iberlince por su papel y su dedicación al seguimiento de los nuevos linces reintroducidos en la Comunidad. Pero, si se aprueba la Ley, los agentes señalan que no podrán llevar a cabo las investigaciones correspondientes para entender qué ha pasado con los felinos. “Nos tendremos que limitar a poner la cinta de baliza y esperar a que llegue la Guardia Civil”, sentencia Díaz. ”En mi caso yo no espero más, yo tomo los testimonios y sigo investigando. Es mi vocación.”
El pasado 7 de mayo el presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales Luis Díaz Villaverde ha presentado su dimisión del cargo que ocupa. 
