EL CUERPO DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES CONTINÚA SU LABOR CONTRA LA LACRA DE LA ELECTROCUCIÓN DE AVIFAUNA
EL CUERPO DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES CONTINÚA SU LABOR CONTRA LA LACRA DE LA ELECTROCUCIÓN DE AVIFAUNA
A PESAR DE LOS DUROS INTENTOS DE ALGUNOS PARA SU CANCELACIÓN FINALMENTE, TRAS EL EMPEÑO DE OTROS, EL PASADO 20 Y 21 DE NOVIEMBRE EFECTIVOS DEL CUERPO DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES ASISTIERON EN TOLEDO A UN CURSO PARA AMPLIAR SU FORMACIÓN FRENTE AL GRAVE PROBLEMA DE LA ELECTROCUCIÓN DE AVES
Con fondos europeos FEARDER y organizado por la Sección provincial de Vida Silvestre de la Consejería de Agricultura el curso tuvo como ponentes al jurídico de la Delegación Provincial de Albacete, pionero a nivel nacional, que ha encabezado la aplicación normativa existente para persecución de los responsables de las electrocuciones, contó con el Fiscal de Teruel D. Jorge Moradell Ávila encargado por la Fiscalía General del Estado para solventar esta tragedia medioambiental, personal técnico de la Consejería y un agente medioambiental experto en la materia.
El curso se trató en la operatividad y diligencias de los agentes medioambientales durante sus actuaciones frente a escenarios de una presunta electrocución, algunas veces simulada para ocultar un delito de tiroteo, el envenenamiento del ejemplar o causa de incendio forestal, como han constatado los agentes en sus investigaciones; se insistió en la importancia y determinación del informe pericial, elaborado por los veterinarios de los Centros de Recuperación de la Consejería; también de analizó la normativa aplicable y las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Región.
En Castilla-La Mancha, al igual que en el resto del territorio estatal, existen en la actualidad decenas de miles de apoyos de líneas eléctricas que por su diseño son mortales para las aves que en ellos se posan. Es una verdadera lacra medioambiental en la que aun viéndose cambios queda mucho por hacer siendo necesaria una implicación real por parte de los principales responsables, las empresas de distribución en caso de las líneas pertenecientes a las mismas y los titulares de los tendidos pertenecientes a particulares. Esta situación es la primera causa de muerte de especies emblemáticas como las águilas imperial, perdicera, culebrera y calzada en sus territorios de cría.
La amenaza de los tendidos eléctricos es más sangrante si cabe teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha es un territorio clave para el mantenimiento de las especies antes citadas por ser territorio no sólo de cría, sino de dispersión y alimentación para ejemplares juveniles que aseguran el mantenimiento de las poblaciones.
Se tiene constancia de que anualmente en todo el Estado mueren alrededor de 33.000 aves electrocutadas. En Castilla la Mancha son centenares de ellas las que cada año son trasladadas por los agentes medioambientales a los centros de recuperación de cada provincia, siendo una minoría las liberadas de nuevo a su medio ya que muchas mueren a las pocas horas, otras quedan irrecuperables y la mayoría entran ya muertas.
Como conclusiones del curso alcanzadas en base a las sentencias y normativa actual destaca la responsabilidad de las empresas eléctricas para prevenir, evitar y reparar los daños obligadas a adoptar y a ejecutar las medidas y a sufragar los gastos cuando resulten responsables de los mismos. Como detalle importante las resoluciones determinan que la financiación pública que ofrece el Estado a las grandes compañías eléctricas, como política de fomento, no es una condición ni exime de su responsabilidad a las empresas responsables de estos daños; con o sin financiación la obligación de prevenir el daño debe cumplirse, ya que, como han ratificado los altos tribunales, recibir esa financiación por parte del Estado no es un condicionante para cumplir con la obligación de prevenir el daño.
Se mantiene la inquietud en el Cuerpo de Agentes Medioambientales:
Desde la asociación profesional de Agentes Medioambientales hemos tenido conocimiento de las grandes dificultades a las que los organizadores de este curso se han tenido que enfrentar para que finalmente pudiera celebrarse. El curso estuvo a punto de cancelarse en el último momento por el desinterés mostrado por el Director General de Política Forestal y los intentos de boicot del Jefe de Servicio de Espacios Naturales. Lo más preocupante de la situación es que este último cargo, empeñado en la cancelación del curso, es el miembro designado por el Consejero Arroyo para formar parte del grupo nacional de la Red de Seguimiento de las Electrocuciones de fauna coordinado por el Fiscal de Teruel, quien recomendó a la Administración la incorporación un agente medioambiental a dicho grupo de trabajo, pero esta se negó y designó al Jefe de Sección de Espacios Naturales.
Lo anterior mantiene la preocupación de esta asociación profesional al conocer el escasísimo número de expedientes sancionadores tramitadoscon motivo de la electrocución de fauna protegida y por tanto el ínfimo número de resoluciones sancionadoras. Es por eso que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha enviado un oficio a todas las Comunidades Autónomas requiriendo información sobre el número de incidencias con resultado de muerte de fauna por electrocución y colisión, el número de expedientes incoados en aplicación de la normativa de protección medioambiental y si se están realizando inspecciones de tendidos eléctricos, ya que sospecha de ilegalidades en acuerdos verbales entre responsables de la Administración y compañías eléctricas para la paralización de expedientes sancionadores, desmontando iniciativas de formación y apartando funcionarios de su materia.
