Agentes Forestales, sindicatos, oposición y ecologistas, unidos contra la Ley de Montes

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Propietarios de terrenos, ingenieros de montes y alcaldes, a favor. Agentes medioambientales, técnicos forestales, sindicatos, oposición (PSOE, IU, Podemos, UPyD, Equo, Pacma) y organizaciones ecologistas, en contra. La modificación de la Ley de Montes impulsada por el ya exministro Miguel Arias Cañete ha conseguido dividir en dos bandos a todas las partes interesadas del sector forestal español. El consenso parece difícil a corto plazo.
Los cambios que se pretenden aprobar afectan a las actividades económicas que se desarrollan en más de la mitad de la superficie de España. Un terreno, el de los montes y bosques españoles, al que le quedan aspectos por mejorar, especialmente en materia de conservación y mantenimiento. El texto presentado este mes en el Congreso de los Diputados poco tiene que ver con el que se sometió a debate público el año pasado, y supone un antes y un después en la independencia de los agentes medioambientales, el futuro de los terrenos afectados por incendios, la tramitación de las licencias de caza y la falta de impulso a los planes de gestión sostenible de los bosques. Precisamente los cuatro caballos de batalla que enfrentan a vigilantes y vigilados. El Confidencial ha recopilado los distintos puntos de vista.

Luis Díaz, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma): en contra
La modificación de la ley, «otra ocurrencia más del Partido Popular», es, por encima de todo, «el mayor atentado que ha tenido el cuerpo de agentes medioambientales en los últimos 140 años», afirma Díaz. El texto planea subordinar a este colectivo de 6.500 funcionarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –presumiblemente al Seprona de la Guardia Civil– y rebajarlos a la categoría de ‘auxiliares’. Este hecho impedirá que los agentes investiguen delitos medioambientales, lo que a juicio del presidente de Aeafma, es «atarnos de pies y manos».

«Lucharemos sin cuartel en unidad de acción para que no salga adelante esta ley, que va contra los ciudadanos, contra el patrimonio medioambiental y contra un colectivo de funcionarios de 140 años de historia», adelanta Díaz. El presidente de Aeafma recuerda que la sala coordinadora de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado felicita año tras año la labor como policía judicial del colectivo [vea el documento aquí]. Sin embargo, «parece que somos molestos para el Gobierno».

Rubén Paz, secretario del sindicato profesional de Agentes Medioambientales de UGT
Este agente forestal afirma que «siempre hemos tenido problemas con la clase política en general porque hacemos nuestro trabajo y denunciamos a quien debemos, normalmente a grandes fortunas, y respecto a la variación de la categoría laboral de su colectivo no entiende «cómo un cuerpo de funcionarios civil, capacitado y en mayor número, debe subordinarse a un cuerpo de carácter militar» [en referencia al Seprona]. «Se puede dar la paradoja de que yo llegue, vea un delito y me tenga que estar de brazos cruzados hasta que venga un policía o guardia civil, y entretanto el infractor ha escapado».
 Paz considera que «el PP tiene bien claro que los forestales estorbamos», y pone de ejemplo que el ministro Gallardón «se dejó en el tintero el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para quitarnos la función de policía judicial. Afortunadamente, el tiempo no les ha dejado». Y al margen de los problemas de los agentes medioambientales, que ven peligrar su independencia de acción, Paz se pregunta: «¿Acaso ha habido algún clamor social por cambiar la ley de montes vigente? ¿No chirría un poco que se quiera cambiar sin que haya habido una demanda por parte de la sociedad?»
#StopLeyMontesPP