Un incendio por la Ley de Montes
Impide que los agentes forestales investiguen delitos ambientales
Las comunidades autónomas podrán recalificar terrenos quemados tras un incendio forestal sin necesidad de esperar los 30 años que indica la actual Ley de Montes, modificada en el año 2006. La reforma aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de febrero, y que será discutida en el Congreso en las próximas semanas, acaba con la moratoria y permitirá transformar en urbanística una finca forestal alegando «interés público de primer orden».
Además, el texto propuesto evitaría que los 6.400 agentes forestales de España puedan desarrollar su trabajo de vigilancia del Medio Ambiente como han hecho hasta ahora. La reforma impide que puedan investigar y remitir a la Fiscalía sus atestados en casos de delitos penales, es decir en los grandes atentados tales como incendios forestales, delitos contra la fauna o la flora o casos de maltrato animal, entre muchos otros.
Tanto los agentes forestales, como los principales sindicatos (UGT, CCOO, CSIF,…), los Colegios Oficiales de Ingenieros Forestales y de Biólogos, las cinco grandes ONG ecologistas y la Asociación Unificada de la Guardia Civil, así como los partidos de la oposición en el Parlamento, han puesto el grito en el cielo y han lanzado una campaña para intentar detener la aprobación del texto tal y como fue remitido al Congreso.
Los agentes forestales han sido los artífices de denuncias ambientales sonadas como la que originó la construcción de una mansión de la familia Oriol-Aznar en el corazón del Parque Nacional de Cabañeros con una licencia de obra menor o la construcción de dos campos de polo en una finca privada del Parque Regional del Guadarrama. O también de las que originaron sentencias del Supremo contra grandes eléctricas como Endesa por su responsabilidad en incendios forestales causados por líneas de alta tensión o la condena de una gran empresa catalana de cava por verter ilegalmente a un río en un terreno protegido del Pantano del Arroz en Alcarraz (Lleida).
«Somos incómodos porque somos civiles y nos debemos a la legalidad, no a la jerarquía», explica Luis Díaz, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales. «Lo que quiere la nueva Ley es atar de pies y manos a 6.400 agentes para que no investiguen delitos ambientales», asegura Díaz.
El texto propuesto por el Gobierno difiere del que estuvo sometido a exposición pública hace unos meses y transformará a los agentes forestales desde su condición de auxiliares de la justicia (jueces y fiscales) a la de auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Es decir, que cuando detecten un delito en el campo, no podrán investigarlo e informar a la fiscalía como hacen actualmente, sino que deberán llamar al 112 para que la Guardia Civil o el cuerpo que corresponda haga la denuncia ante la Fiscalía.
La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Begoña Nieto, aseguró ayer a este diario que los agentes forestales «podrán actuar, investigar y realizar las mismas diligencias que venían haciendo ya» y que el texto propuesto sólo trata de clarificar la situación y mejorar la coordinación en caso de confluencia de efectivos de este cuerpo -considerado policía judicial en sentido general- con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sin embargo, la redacción del artículo 58 deja claro que las funciones de los agentes medioambientales se mantendrá sólo cuando actúen como «policía administrativa», es decir, cuando se trate de una falta administrativa. En casos de delitos penales, como el envenenamiento de un lince ibérico o un águila imperial; una obra ilegal en terreno protegido o un incendio forestal intencionado, no podrán más que esperar sin tocar nada a que llegue la Guardia Civil. Esto a pesar de que el Ministerio Fiscal alaba cada año en su memoria el buen hacer y la calidad de los atestados elaborados por los agentes forestales. Un portavoz del Ministerio asegura que la intención de la reforma es sólo mejorar la cooperación en caso de confluencia de dos cuerpos distintos y que el texto, «si se puede mejorar, se mejorará porque aún está en trámite parlamentario».
«A quien beneficia que se investiguen menos o no se investiguen los delitos ambientales es a los delincuentes y a quien le interesa que se recalifiquen terrenos quemados es a los especuladores», asegura Rubén Paz, secretario general del sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de FSP-UGT.
Sin embargo, algunos expertos restan importancia al posible cambio de uso de suelo tras un incendio forestal. «La recalificación de terrenos quemados es irrelevante», afirma Carlos del Álamo, decano del -Colegio de Ingenieros de Montes. «Sólo el 0,6% de los incendios responde a esta causa. Pero lo lógico sería que un juez determine el tiempo que debe estar ese terreno con el mismo uso», opina Del Álamo.
Según Nieto, la medida está destinada a evitar que se usen los incendios forestales para evitar el desarrollo de una determinada infraestructura de uso público. «Hay quien incendia para evitar la expropiación de su terreno», dice Nieto, quien insiste en que el cambio de uso de suelo debe expresarse mediante Ley y «sólo por causas imperiosas de interés público de primer orden», como cita la reforma propuesta. La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en el Congreso, Pilar Lucio, espera que «el enésimo despropósito medioambiental del PP en esta legislatura no llegue a cometerse».
Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2015/02/25/54ece34e268e3e0d4d8b4575.html
