Dentro de un expediente sancionador que ha elaborado la Consejería de Agricultura, se ha procedido a una sanción de 25.000 euros y la prohibición de cazar durante dos años a un coto de caza de la localidad de Medranda, en el norte de Guadalajara. Esta sanción procede de la colocación de cebos envenenados que provocaron la muerte de más de veinte animales hace dos años en una zona declarada Lugar de Interés Comunitaria (LIC), entre ellos algunos ejemplares de especies en peligro como el águila de Bonelli o el buitre leonado.
Hace unos meses, en una finca de caza colindante a esta pero en el término municipal de Castilblanco de Henares, el propietario de otro coto fue sancionado de la misma manera por usar venenos de igual manera, siendo en este caso colocados cebos envenenados en los agujeros de los zorros y en las bocas de madrigueras, una utilización del veneno que suele ser clásica de los cazadores (se hace para matar a los depredadores de sus presas).
De esta sanción ha informado el Programa Antídoto, una ONG creada hace quince años para luchar contra la colocación de cebos envenenados en la fauna salvaje. Para proceder a la sanción ha sido clave la labor de los Agentes Medioambientales, que son quienes en la práctica se han encargado de vigilar la operación de retirada de los cuerpos, de los cebos envenenados y quienes se encargarán ahora de que se cumpla la sanción que tienen impuesta los dos cotos.
Precisamente para conocer el caso ha sido muy importante que uno de los animales envenenados y que se encontraron muertos era un águila de Bonelli y llevaba un rastreador en su pata para conocer sus movimientos. Era uno de los animales que estaba dentro de uno de los programas LIFE de la Unión Europea de recuperación de especies protegidas (concretamente el programa LIFE+Bonelli). El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), una asociación perteneciente al Programa Antídoto, fue quien dio la voz de alarma ante la desaparición de ese ejemplar de águila.
Entre las partes que se han presentado contra estos dos cotos están asociaciones ecologistas como WWF España, que declaraban que esperaban que cayera la máxima sanción posible para los propietarios de los cotos (que son los sancionados) a la vez que se lamentaban de que especialmente en Castilla-La Mancha sea tan difícil que se multe a los propietarios de cotos que hacen estas prácticas «por desidia de la Consejería de Agricultura». De hecho los propietarios sancionados lo han sido por no informar de animales muertos en su propiedad en el caso de Medranda, y por no aplicar en el coto las medidas necesarias para quitar los cebos envenenados en el caso de Castilblanco.
El veneno usado era basado en carbofurano, un plaguicida muy tóxico cuya comercialización como fitosanitario está prohibida en la Unión Europea. Por otro lado el proceso judicial por la vía penal contra los causantes del envenenamiento sigue abierta a la vez que la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias.