El Sindicato Unificado de Policía dice NO a la reforma de la Ley de Montes

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El mes pasado fue la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) la que se posicionó en contra de la reforma de la Ley de Montes.
Semanas atrás también lo hicieron en contra, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales en un comunicado conjunto.
Y muchas más asociaciones de diverso ámbito apoyan la NO REFORMA de la ley.

Desde APAM-CLM y en conjunto, todos los Agentes Forestales/Medioambientales de España, agradecemos encarecidamente el apoyo de todos.

              

Comunicado del Sindicato Unificado de Policía-SUP

NO A LA REFORMA DE LA LEY DE MONTES

El Sindicato Unificado de Policía, CCOO, Sindicato de agentes forestales y medioambientales de UGT y AEAFMA piden la retirada del proyecto de reforma  de la Ley de Montes. El SUP apoya la petición de retirar esta reforma,resaltando el papel estratégico que estos agentes vienen desempeñando como policía judicial en la investigación de delitos medioambientales.
Según el proyecto de Ley que el Gobierno del PP envió al Congreso de los Diputados, los más de 6.500 efectivos,entre agentes forestales y medioambientales, pasarían de ser un cuerpo independiente en su actuación ante posibles delitos ambientales, a convertirse en auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
El SUP reconoce el papel de especialistas que estos agentes tienen y que deben mantener, por su conocimiento, experiencia y formación en la investigación dentro de su ámbito competencial.
Y si bien, la suma de todos garantiza unos montes mejor protegidos, hacemos un llamamiento al Gobierno y a los partidos políticos para que tomen en consideración la opinión de quienes desarrollan estas tareas a diario, y que no se lleven a efecto modificaciones normativas innecesarias tergiversando el debate con intereses ajenos a la ciudadanía y el medio ambiente.
Sí consideramos preceptivo, dentro de las iniciativas legislativas,establecer una normativa común a todos los agentes forestales y medioambientales,como garantía de eficacia en su desempeño dentro de cometidos de policía judicial.
Para el SUP, lo urgente es regular el nivel de estudios mínimos requeridos y la unificación de criterios en la formación que se imparte en las diferentes comunidades autónomas,para alcanzar una homogeneización de actuaciones,evitar desigualdades y poder conseguir una verdadera y eficaz coordinación entre los distintos cuerpos policiales.

Madrid, 27de marzo de 2015

Ver comunicado

Comunicado conjunto (UPF y JpD) sobre el Cuerpo de Agentes Forestales

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Ante las nuevas reformas legislativas que se anuncian como consecuencia de la reforma de los arts. 6 q) y 58. 3 del proyecto de modificación de la vigente ley de Montes, JUECES PARA LA DEMOCRACIA Y LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES,  ponen de manifiesto lo siguiente:

En primer lugar, lamentan profundamente la oportunidad perdida para abordar una regulación integral del Estatuto del Agente Forestal, que integre un mínimo común denominador de la profesión a través de la legislación básica del Estado, y dote de uniformidad y coherencia el desarrollo de una figura básica y tradicional en nuestro entorno, impulsando el potencial de un cuerpo presente en todas las Comunidades Autónomas, y cuyo aprovechamiento como tal redundaría en beneficio de todos.

En segundo lugar, la reforma parece contradecir, no solo la legislación de nuestras Leyes Procesales, LECRI, sino también una realidad  en la que los agentes forestales son por su hábitat de actuación y sus conocimientos específicos sobre el medio, el complemento ideal en su consideración de policía medioambiental cuando los ilícitos controlados por estos traspasan la barrera administrativa y se convierten en hechos con relevancia penal. Es en este punto dónde parece pertinente que  el cuerpo de agentes forestales pueda participar en el desempeño de la función de Policía judicial con plenitud de facultades dentro de lo que es el ámbito propio de su competencia.
El cuerpo de agentes forestales es pues una Policía mixta, administrativa y judicial, que en el desempeño de esta segunda función opera como servicio especializado y cuyos miembros, a todos los efectos, actúan como Agentes de la autoridad, auxiliares de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, sin dependencia o sujeción funcional a otros Cuerpos o Fuerzas de Seguridad.

En su calidad de Policía judicial le es de aplicación lo dispuesto en el Título III del Libro 2º de la LECr.,

No obstante en su calidad de Policía judicial están sujetos a las órdenes e instrucciones de la Autoridad Judicial y Fiscal, de quien dependen funcionalmente y a quien deben dar cuenta puntual de su actuación investigadora, bien directamente en sus actuaciones a prevención o bien  según la actuación directora de la investigación procesal o preprocesal en las que se fijarán en cada caso, en función de las necesidades de la indagación, los modos de actuación y coordinación que se hagan precisos.

La actuación como policía Judicial no debe en ningúncaso desconocer las atribuciones reconocidas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito de persecución y aseguramiento de los delincuentes y el respeto a los derechos de los ciudadanos en los que los criterios de formación , selección y control de actuación de dichos estamentos son la base del funcionamiento regular del ejercicio de la seguridad  pública.

El reconocimiento legal como policía judicial supone evidentes ventajas en la garantía y legalidad de determinadas actuaciones, de otra manera  cuestionables, tales como elevar denuncia por la vía del atestado y recoger los presuntos vestigios de la comisión de los hechos delictivos, todo ello dentro del marco genérico de entre otros el art 282 de la LECRI, cuyo contenido no puede ser reformado a través de esta reforma de la Ley de Montes.
Jueces para la Democracia/Unión Progresista de Fiscales

APAM-CLM califica de “bochornosas” las declaraciones de Soriano y vuelve a solicitar su dimisión

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La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha calificado de “bochornosas y malintencionadas” las declaraciones realizadas por la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, quien ha asegurado que la futura ley de montes “no afecta de manera que pueda dañar el trabajo que están realizando los agentes forestales a nivel nacional» y que para APAM-CLM constituyen “una mentira y una falta de respeto a los 6.400 Agentes Forestales y Medioambientales del Estado” afirman desde este colectivo en una nota de prensa.
Afirman que, en una rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, Soriano ha aseverado que “cuando hay indicio de delito, les corresponde actuar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Añaden que los Agentes Medioambientales vienen investigando delitos medioambientales desde hace ya 140 años, no sólo porque legalmente puedan hacerlo, sino porque la Ley les obliga a ello.”Como individuos de la Policía Judicial –dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal- tienen la obligación de intervenir ante todos los hechos de su competencia que tengan la consideración de delito, poniendo sus actuaciones en conocimiento del Ministerio Fiscal o el Juzgado de Guardia mediante el correspondiente Atestado”.
Así, continúa la nota de prensa, los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha han perseguido y denunciado en el Juzgado múltiples delitos contra la flora y la fauna (uso de venenos, cepos o lazos sin freno); las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales han llevado ante la Justicia a numerosos pirómanos e incendiarios y, en las últimas fechas, han destapado asuntos tan graves como las construcciones presuntamente irregulares de la familia Oriol-Aznar en un Parque Nacional o las prácticas presuntamente ilegales que se vienen realizando desde hace años en el Complejo Lagunar de Manjavacas, en la provincia de Cuenca.
Desde APAM-CLM insisten en la defensa de su trabajo con pruebas y es que, mientras Soriano hacía estas declaraciones, Agentes Medioambientales de la provincia de Ciudad Real realizaban una intervención de decomiso de cepos, lazos sin freno y cajas trampa, cuyo uso está tipificado en el Código Penal como delito.

“La Consejera hace patente a través de esas declaraciones el grave desconocimiento que tiene hacia el trabajo que desarrollan los Agentes Medioambientales y lo que es aún más grave, no conoce la legislación que les rige, ni las obligaciones que estos funcionarios públicos tienen en el ejercicio de sus competencias”, añade APAM-CLM
“Esta Asociación –prosigue APAM-CLM- puede justificar ante la sociedad el trabajo en la investigación de delitos medioambientales que desde su creación ha llevado a cabo este colectivo aportando datos. Sin embargo, la Consejera aporta falsedades sin fundamento legal, porque no tiene otra forma de defender la irracional Ley de Montes”.
Por todo esto, desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales vuelven a solicitar la dimisión de María Luisa Soriano como Consejera de Agricultura por “su manifiesta incompetencia para ocupar un puesto de tan amplia responsabilidad y por el grave perjuicio causado al Medio Ambiente de la Región a través de sus desafortunadas decisiones”.
APAM-CLM destaca que los Agentes Medioambientales no están solos en la oposición a la futura Ley de Montes, a la que se han sumado múltiples organizaciones, destacando el posicionamiento de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que a través de un comunicado hizo público su apoyo al colectivo, “dejando meridianamente claro que el apartado que afecta a las funciones de los Agentes Medioambientales en la investigación de delitos es innecesario, siendo suficiente una mutua colaboración entre colectivos”.
Los Agentes Medioambientales consideran “incomprensible e irracional” aprobar una Ley que limita la investigación de delitos a 6.400 Policías Medioambientales, que precisamente son el colectivo más numeroso, los que mayor formación académica poseen y cuyo Cuerpo fue creado precisamente con ese objetivo, al ser necesario un Cuerpo con formación específica para esta labor. La citada modificación contraviene el interés general, generando de forma indirecta ventajas para los delincuentes al reducir la capacidad al 80% de los funcionarios que se dedican a la persecución de delitos medioambientales en España.
Desde APAM-CLM añaden que “los Agentes Medioambientales nos debemos a la ciudadanía y no estamos al servicio de la política, por lo que nos opondremos firmemente a esta Ley para seguir protegiendo el valioso patrimonio medioambiental de Castilla-La Mancha”.

Enlace noticia: http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2015_03_17/17

Nota de prensa de la Plataforma «Lagunas Vivas de Villafranca de los Caballeros. Castilla-La Mancha

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“Disfrutar de un medio ambiente adecuado, velar por la utilización racional de los recursos naturales y  crear las leyes que regulen para cumplir el fin constitucional que son titulares todos los españoles nos lleva a reflexionar sobre el proyecto de ley por que se modifica la Ley 43/2003, 21 de noviembre, de Montes.El medio ambiente es un principio dogmatico que obliga a la elaboración de leyes que lo amparen. La concienciación del medio ambiente en la sociedad ha crecido exponencialmente y no se entiende calidad y futuro de una sociedad sin proteger su medio ambiente. La ley referenciada del 2003, con el fin de evitar la especulación y recalificación de suelo quemado, estableció 30 años que evitaba la recalificación (por ejemplo para construir) del bosque quemado. La futura ley hace desaparecer esta efectiva medida, que aunque, como siempre dejaba oportunidades residuales a la picaresca española, la medida ha resultado altamente positiva evitando una quema indiscriminada especulativa de bosques al evitar el cambio de uso del terreno.
La nueva ley hace desaparecer  los 30 años por  “interés público de primer orden”, es decir ocurrido un incendio el terreno quemado queda en manos de la ambiciones del mandato de turno, será su especular en la dialéctica, influencias e intenciones las que en ese amparado interés público de un nuevo uso del suelo.
El sentir y las sensaciones de los ciudadanos en la actualidad están más cerca de los números clausus, restrictivos y concretos, a pesar de los resquicios de la anecdótica picaresca que  de una indefinida e indeterminada formula que amparada en principios ampliar y maleables conviertan el suelo quemado en causas imperiosas especulativas.
Hablar de monte y agente medioambiental es hablar de un binomio inseparable, su labor a lo largo de los años esta testada, su implicación en pro del cumplimiento de sus funciones  han dejado a lo largo de su  historia una muestra de su labor y buen hacer. El Agente Medioambiental es el instrumento directo que enlaza naturaleza y sociedad, potenciar su labor es aumentar la seguridad de la sociedad con su medioambiente. Minusvalorar su labor, con la reforma de ley, transformado el agente medioambiental en un mero auxiliar es cercenar los derechos y deberes del ciudadano para con su medio ambiente. El medio ambiente es el elemento necesario de futuro y de calidad de una sociedad, y por tanto potenciar los instrumentos es asegurar la calidad y sostenibilidad de medio natural.
Agentes medio ambientales y todas aquéllas Instituciones que velan por los valores naturales han de imbricarse y crear actuaciones firmes y coordinadas, respetando sus peculiaridades y conocimientos técnicos que desde una  mutua cooperación darán una mayor eficacia en la evitación de los delitos medioambientales.
La naturaleza es una cuestión fundamental, sus leyes han de fomentar líneas sólidas, sin ambivalencias y cuando están en juego aspectos fundamentales del devenir de los ciudadanos, sólo existe futuro bajo el consenso.”

Plataforma LAGUNAS VIVAS. Villafranca de los Caballeros. Toledo.
Portavoz: D. Fernández

Enlace web: https://lagunasvivas.wordpress.com/

La Ley de Montes, un ataque a los Agentes Medioambientales

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El colectivo exige la retirada de la Ley de Montes, señalando que se trata de la “humillación más grande” que han sufrido en sus 140 años de trabajo.

– Según las modificaciones de la legislación, los agentes verían su trabajo reducido a mera observación del entorno natural, a pesar de tener una de las formaciones más importantes del país.
– Luis Díaz, presidente de la Asociación Nacional, señala que el “ninguneo” al que son sometidos se debe a las denuncias del colectivo hacia altos cargos del Ejecutivo nacional.

La Ley de Montes, un ataque a los Agentes Medioambientales

Artículo 50 del borrador de la nueva ley de Montes. Los terrenos calcinados podrán ser recalificados, sin tener que esperar los treinta años que señala la ley actual, bajo el principio de “interés general prevalente de primer orden”. ¿Qué significa este principio? “No lo sabemos nosotros, ni lo saben ellos”, señala Luis Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Agentes Medioambientales. Pero con esta ley, cada Comunidad autónoma podrá decidir que un centro comercial se edifique en un terreno quemado hace menos de 30 años. Las consecuencias de esto: aumentan los incendios. La situación, tal como la plantea Díaz, es grave.
Sin embargo, no es el único problema que atrae la reforma de esta normativa. Sin ninguna duda, el colectivo de agentes medioambientales se lleva la peor parte. El artículo seis de la misma señala en el apartado Q que se elimina la palabra ‘funcionario’ de su cargo. En este sentido, el colectivo señala que se propicia así una suerte de “puerta giratoria” para que entren empresas privadas, con sus consecuentes intereses externos, como ya ha ocurrido en los centros penitenciarios. Pierden una condición que arrastran desde sus inicios, hace ya 140 años.
Pero no es lo único. Si se aprueba la nueva Ley de Montes, el trabajo que llevan a cabo estos 6.400 funcionarios públicos en toda España, se verá alterado en lo más esencial. En el artículo 58 del documento, se señala que los agentes ya no podrán elaborar atestados medioambientales, en delitos tan sonoros como la construcción de la mansión de la familia Oriol Aznar en el parque de Cabañeros, ni tampoco en temas tan sensibles como el maltrato animal. Y ahora, ¿Qué pasaría? “Con esta ley, tendríamos que llamar al 112 y dejar a la Guardia Civil que haga un trabajo para el que nosotros estamos capacitados”, señala Díaz.
Esto no sólo implica que un cuerpo se haga cargo del trabajo del otro, lo que colapsaría los servicios, sino que se pierde además protección ciudadana y también la formación que reciben los agentes desde el momento en el que se forman. “Nosotros ejercemos desde que aprobamos la oposición hasta que nos jubilamos. El Estado ha invertido mucho en nuestra preparación, y ahora, ¿Qué pasa?”, se pregunta el representante nacional del Cuerpo. En el caso de Castilla-La Mancha, señala, es la tercera región con mayor número de robos e explotaciones agrícolas y ganaderas; si se quita a la Guarda Civil, se duplica el trabajo por un lado, pero se abandona por el otro.
La Ley de Montes, un ataque a los Agentes Medioambientales
¿Por qué este “ninguneo”?
La explicación de Luis Díaz es escueta. “Somos funcionarios molestos, porque denunciamos hasta a nuestros propios jefes, denunciamos políticos de las Juntas de Comunidades y denunciamos familias poderosas”. En la región, señala Díaz, se han ido quitando equipos que han denunciado a “gente poderosa”, y esto se debe a que el cuerpo obedece al principio de legalidad, no al de jerarquía. “Nos debemos a la ciudadanía, para disfrutar de un medio ambiente adecuado. Por eso somos incómodos”, apunta Díaz.
El colectivo se ha reunido ya prácticamente con todos los partidos políticos, que están todos, con excepción del Partido Popular, en contra de esta Ley. Cuentan, además, con el apoyo de todos los agentes sociales, como los sindicatos, el Colegio Oficial de Biólogos e, incluso, del sindicato de la Guarda Civil. Las consecuencias de la implantación de esta nueva ley son “una barbaridad”. “Va a haber mayor gasto económico, más delitos de seguridad ciudadana… No tiene ningún sentido y entendemos que obedece a intereses de cuatro ricos y cuatro políticos”, afirma el presidente de la Asociación Nacional.
En el caso de Castilla-La Mancha, existe un ejemplo muy duro para retratar lo que ocurriría. Los agentes medioambientales han recibido la aprobación y el reconocimiento de LIFE+Iberlince por su papel y su dedicación al seguimiento de los nuevos linces reintroducidos en la Comunidad. Pero, si se aprueba la Ley, los agentes señalan que no podrán llevar a cabo las investigaciones correspondientes para entender qué ha pasado con los felinos. “Nos tendremos que limitar a poner la cinta de baliza y esperar a que llegue la Guardia Civil”, sentencia Díaz. ”En mi caso yo no espero más, yo tomo los testimonios y sigo investigando. Es mi vocación.”
Fuente: El Diario 

INTENSA JORNADA DE REUNIONES PARA AEAFMA Y APAM-CLM

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El pasado día 25 de febrero, APAM-CLM solicitaba la colaboración del Presidente de AEAFMA para la asistencia a varias reuniones en Madrid donde se tratarían diversos temas de relevancia para los Agentes Medioambientales que acontecían recientemente en la Comunidad castellano-manchega.

Reunión con el Grupo Parlamentario Socialista

Comienza la jornada con una reunión en el Congreso de los Diputados con el Grupo Parlamentario Socialista, donde nos vamos encontrado con diversos cargos políticos con los cuales nos vamos entrevistando. Aunque las conversaciones son variadas, el tema reinante es la modificación planteada para la actual Ley de Montes y que tanto revuelo ha causado en el colectivo de Agentes Medioambientales. Charlamos, entre otros, con Laura Seara (Senadora) y Antonio Trevín (Diputado). Este último fue el encargado de defender recientemente la Proposición No de Ley presentada por su Grupo Parlamentario en la que se pedía el reforzamiento jurídico de la condición de Policía Judicial que ostentan los Agentes Medioambientales, su equiparación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en este sentido, la dotación de medios de defensa para los Agentes…una serie de mejoras que tanto AEAFMA como APAM-CLM vienen reclamando hace años. Le exigimos, como no puede ser de otra manera, que su partido cumpla todas esas promesas en caso de llegar al gobierno.

Tras esta primera reunión, nos dirigimos a la sede del partido

Reunión con EQUO

EQUO, donde APAM-CLM ha concretado una reunión con Juan López de Uralde, Europarlamentario al que se le quiere plantear el reciente caso aparecido en prensa de la transformación de viñedos en vaso a viñedos en espaldera en el Complejo Lagunar de Manjavacas, Cuenca. Dicha actividad ha sido presuntamente ejecutada omitiendo informes técnicos y denuncias de Agentes Medioambientales y usando, también de forma presunta, fondos públicos provenientes de Europa para su ejecución. Durante algo más de una hora se analiza este suceso, y cómo no, la futura Ley de Montes. Nuevamente EQUO nos hace patente su disconformidad con la norma propuesta y nos brinda su apoyo para dar la vuelta a tan ilógica situación.

Reunión de AEAFMA y APAM-CLM con PODEMOS

Al finalizar este encuentro, nos dirigimos a la Calle Princesa, donde hemos concretado reunión con el nuevo partido PODEMOS. Nos recibe su Responsable de Área de Medio Ambiente, Energía y Políticas Urbanas, Mari Carmen Romero Hierro. Durante aproximadamente una hora dialogamos con ella sobre el trabajo de los Agentes Medioambientales, a quien conoce perfectamente dado que ha trabajado con ellos en la Comunidad de Andalucía. Nos hace patente la preocupación de su partido por el hecho de que 6.400 Agentes sean relegados de la investigación de delitos medioambientales y muestra gran compromiso de su partido con la conservación y protección medioambiental.  

Continuamos la tarde desplazándonos  a los platós de La Sexta, ya que durante la mañana el Presidente de AEAFMA, además de atender a varias emisoras de radio, ha recibido la propuesta de debatir en directo en el programas Más Vale Tarde con la Directora General del MAGRAMA, Begoña Nieto. Durante unos 15 minutos de televisión en directo, Luis Díaz defiende la posición de los Agentes Medioambientales con respecto a la modificación de Ley de Montes, quedando nuevamente «en evidencia» la señora Directora General, a quien cada vez se le hace más complicado defender sin argumentos la propuesta de su Ministerio. Difícil tarea le han encargado sus superiores…

Luís Díaz debate en directo con Begoña Nieto en Más Vale Tarde

 Por último, salimos de los platós de Atresmedia para dirigirnos a los estudios de Radio Intereconomía, donde se ha concretado una nueva entrevista sobre la polémica modificación de la Ley de Montes. Aproximadamente 15 minutos de entrevista que dejan clara, por enésima vez, la tropelía que supondría prescindir de los 6.400 Policías Medioambientales más especializados con los que cuenta nuestro país. Resultado muy positivo el de esta entrevista, donde todos los participantes apoyan nuevamente a nuestro colectivo, en defensa de lo público y del interés general. Y es que aportando argumentos, datos y sobre todo, con la verdad por delante, cualquiera que no tenga intereses diferentes que los enumerados anteriormente, nos entiende, ayuda y defiende.

Luís Díaz, Presidente de AEAFMA durante su entrevista en Intereconomía

     

                                               #StopLeyMontesPP

La Directora General de Política Forestal y el Presidente de AEAFMA en debate televisado de la Sexta

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El creciente interés mediático que esta acarreando la propuesta del Gobierno de modificar la Ley de Montes, y sus consecuencias sobre los incendios forestales y los Agentes Forestales/Medioambientales, han propiciado este debate televisado en el programa Más Vale Tarde de La Sexta TV. Han participado el presidente de la Asociación española de Agentes Forestales y Medioambientales D. Luis Díaz y la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal Dª Begoña Pérez, quienes se han sometido a preguntas muy directas sobre el antes y el después de la modificación prevista.

La reforma de la Ley de Montes pone en pie de guerra a los Agentes Forestales

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No podrían realizar atestados por delitos medioambientales

Dos policías medioambientales pertenecientes a la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, AEAFMA, han detectado la presencia de unos lazos ilegales de caza, un delito ilícito penal que, ahora mismo, con la legislación vigente, pueden investigar y remitir directamente a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal. Algo que ya no ocurrirá, aseguran, con la reforma de la Ley de Montes aprobada en el Consejo de Ministros y que se encuentra en trámite parlamentario. El cambio sustancial, indican, está en los artículos 6 y 58 de ese proyecto de ley, en los que se fija su función como policía administrativa, así como de carácter auxiliar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que serían quienes redactarían, en última instancia, el atestado que, hasta ahora, según este colectivo, puede realizar cualquiera de los 6.400 agentes forestales que hay en toda España. La interpretación del proyecto de ley que hacen los agentes forestales, así como los sindicatos, grupos ecologistas y partidos de la oposición, entre otros, no la comparte el autor, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que niega que se les vaya a retirar competencias. Begoña Nieto, directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, asegura que con este proyecto de ley solo se establece y clarifica una coordinación entre los diferentes cuerpos existentes. En el aire está la redacción final de la reforma, pendiente también de fecha para su votación en las Cortes.

 VER VIDEO (O HAZ CLICK EN LA IMAGEN)

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/reforma-Ley-Montes-agentes-forestales_2_1947780073.html 

Luís Díaz presidente de AEAFMA en Radio Intereconomía

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Luís Díaz, presidente de AEAFMA es entrevistado sobre el borrador de la Ley de Montes en Radio Intereconomía, en el programa «El Corruptómetro» de Albert Castillón. Luís desgrana el borrador que pretende que los Agentes Forestales dejen de investigar delitos medioambientales, o que las zonas quemadas puedan ser urbanizadas sin que pasen al menos 30 años.

#StopLeyMontesPP

Un incendio por la Ley de Montes

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Impide que los agentes forestales investiguen delitos ambientales

Las comunidades autónomas podrán recalificar terrenos quemados tras un incendio forestal sin necesidad de esperar los 30 años que indica la actual Ley de Montes, modificada en el año 2006. La reforma aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de febrero, y que será discutida en el Congreso en las próximas semanas, acaba con la moratoria y permitirá transformar en urbanística una finca forestal alegando «interés público de primer orden».
Además, el texto propuesto evitaría que los 6.400 agentes forestales de España puedan desarrollar su trabajo de vigilancia del Medio Ambiente como han hecho hasta ahora. La reforma impide que puedan investigar y remitir a la Fiscalía sus atestados en casos de delitos penales, es decir en los grandes atentados tales como incendios forestales, delitos contra la fauna o la flora o casos de maltrato animal, entre muchos otros.

Tanto los agentes forestales, como los principales sindicatos (UGT, CCOO, CSIF,…), los Colegios Oficiales de Ingenieros Forestales y de Biólogos, las cinco grandes ONG ecologistas y la Asociación Unificada de la Guardia Civil, así como los partidos de la oposición en el Parlamento, han puesto el grito en el cielo y han lanzado una campaña para intentar detener la aprobación del texto tal y como fue remitido al Congreso.

Los agentes forestales han sido los artífices de denuncias ambientales sonadas como la que originó la construcción de una mansión de la familia Oriol-Aznar en el corazón del Parque Nacional de Cabañeros con una licencia de obra menor o la construcción de dos campos de polo en una finca privada del Parque Regional del Guadarrama. O también de las que originaron sentencias del Supremo contra grandes eléctricas como Endesa por su responsabilidad en incendios forestales causados por líneas de alta tensión o la condena de una gran empresa catalana de cava por verter ilegalmente a un río en un terreno protegido del Pantano del Arroz en Alcarraz (Lleida).
«Somos incómodos porque somos civiles y nos debemos a la legalidad, no a la jerarquía», explica Luis Díaz, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales. «Lo que quiere la nueva Ley es atar de pies y manos a 6.400 agentes para que no investiguen delitos ambientales», asegura Díaz.
El texto propuesto por el Gobierno difiere del que estuvo sometido a exposición pública hace unos meses y transformará a los agentes forestales desde su condición de auxiliares de la justicia (jueces y fiscales) a la de auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Es decir, que cuando detecten un delito en el campo, no podrán investigarlo e informar a la fiscalía como hacen actualmente, sino que deberán llamar al 112 para que la Guardia Civil o el cuerpo que corresponda haga la denuncia ante la Fiscalía.

La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Begoña Nieto, aseguró ayer a este diario que los agentes forestales «podrán actuar, investigar y realizar las mismas diligencias que venían haciendo ya» y que el texto propuesto sólo trata de clarificar la situación y mejorar la coordinación en caso de confluencia de efectivos de este cuerpo -considerado policía judicial en sentido general- con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Sin embargo, la redacción del artículo 58 deja claro que las funciones de los agentes medioambientales se mantendrá sólo cuando actúen como «policía administrativa», es decir, cuando se trate de una falta administrativa. En casos de delitos penales, como el envenenamiento de un lince ibérico o un águila imperial; una obra ilegal en terreno protegido o un incendio forestal intencionado, no podrán más que esperar sin tocar nada a que llegue la Guardia Civil. Esto a pesar de que el Ministerio Fiscal alaba cada año en su memoria el buen hacer y la calidad de los atestados elaborados por los agentes forestales. Un portavoz del Ministerio asegura que la intención de la reforma es sólo mejorar la cooperación en caso de confluencia de dos cuerpos distintos y que el texto, «si se puede mejorar, se mejorará porque aún está en trámite parlamentario».
«A quien beneficia que se investiguen menos o no se investiguen los delitos ambientales es a los delincuentes y a quien le interesa que se recalifiquen terrenos quemados es a los especuladores», asegura Rubén Paz, secretario general del sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de FSP-UGT.
Sin embargo, algunos expertos restan importancia al posible cambio de uso de suelo tras un incendio forestal. «La recalificación de terrenos quemados es irrelevante», afirma Carlos del Álamo, decano del -Colegio de Ingenieros de Montes. «Sólo el 0,6% de los incendios responde a esta causa. Pero lo lógico sería que un juez determine el tiempo que debe estar ese terreno con el mismo uso», opina Del Álamo.
Según Nieto, la medida está destinada a evitar que se usen los incendios forestales para evitar el desarrollo de una determinada infraestructura de uso público. «Hay quien incendia para evitar la expropiación de su terreno», dice Nieto, quien insiste en que el cambio de uso de suelo debe expresarse mediante Ley y «sólo por causas imperiosas de interés público de primer orden», como cita la reforma propuesta. La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en el Congreso, Pilar Lucio, espera que «el enésimo despropósito medioambiental del PP en esta legislatura no llegue a cometerse».

Fuente: http://www.elmundo.es/espana/2015/02/25/54ece34e268e3e0d4d8b4575.html