EL CONSEJERO DE AGRICULTURA VUELVE A MENTIR Y SE PONE A SÍ MISMO EN EVIDENCIA
EL CONSEJERO VUELVE A MENTIR Y SE PONE A SÍ MISMO EN EVIDENCIA
CON SU RESPUESTA, ARROYO RECONOCE QUE INDUCE A INCUMPLIR LA LEY Y LAS DIRECTRICES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Tras las declaraciones vertidas por el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, realizadas en respuesta a la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha tras nuestra nota de prensa, vemos interesante hacer pública la postura de la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, ante esta cuestión, que ya en su día le fue planteada y sobre la que se pronunció.
Como puede verse en dicho informe, los efectivos del Cuerpo de Agentes Medioambientales, como integrantes de la Policía Judicial y por lo tanto auxiliares de Jueces y Fiscales, tienen el deber inexcusable de comunicar a los mismos y con premura los hechos delictivos de los que tengan conocimiento. Estando habilitados, además, para efectuar las primeras diligencias de prevención según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Montes (artículo 58). Esto es, la comprobación del delincuente, dar protección a los perjudicados, custodiar las pruebas del proceso o detener a los posibles sospechosos.
De esta manera el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarollo Rural demuestra que vuelve a mentir públicamente, poniéndose a si mismo en evidencia ante tan patente desconocimiento de la normativa, seguramente por la deficiente asesoría de la que se rodea, perjudicando la seguridad medioambiental de toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
Y es que la Consejería del Sr. Arroyo se empeña en obstruir la labor de los agentes medioambientales, haciéndolo precisamente mediante el ataque a sus competencias en los casos mas graves y delicados; como puedan ser los delitos de incendio forestal perseguidos por las BIIF, Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, ahora que precisamente en breve comienza la época de alto riesgo de incendios forestales; también los posible delitos que persigue la UNIVE, Unidad de Investigación de Venenos; o los delitos relacionados con la calidad ambiental, como pueden ser los vertidos al río Tajo, los vertidos de amianto del polígono de Toledo, los neumáticos de Seseña o el incendio de la planta de residuos peligrosos de Chiloeches, donde actualmente hay siete altos cargos de este gobierno imputados.
No entendemos qué intereses o de quienes puede estar defendiendo el Consejero cuando intenta cercenar la capacidad y obligación de unos funcionarios públicos para perseguir estos delitos, que tanto preocupan, alarman a la sociedad y que en muchos casos provocan un daño irreparable afectando incluso a la salud pública y poniendo en grave riesgo el patrimonio medioambiental de Castilla-La Mancha.
Y es que de dar cumplimiento a esta nueva instrucción, actualmente distribuida a los agentes, estos ya no podrán ni recoger pruebas e indicios sobre el terreno ni trasladar sus atestados al juzgado como se venia haciendo hasta ahora. Es decir, se nos convierte en meros espectadores del delito con las mismas posibilidades a la hora de poder abordarlo que cualquier ciudadano de a pie.
