La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Audiencia Provincial de Toledo de rechazar el recurso presentado por una empresa de rallys que denunció a dos Agentes Medioambientales que previamente habían denunciado la práctica ilegal de pruebas de conducción deportiva en el medio natural y en zonas no habilitadas para el efecto.
Los hechos se remontan al año 2011 cuando dos Agentes Medioambientales detectan la realización de estas prácticas, que se llevan a cabo de forma organizada y que discurren, en algunos tramos, por caminos vecinales con el consiguiente riesgo para cualquier persona que pudiera transitar por los mismos.
Asimismo, los agentes detectan que la zona donde se realiza esta actividad ilegal es de gran valor ecológico, ya que está situada cerca de zonas protegidas LIC (Lugar de Importancia Comunitario) y un Refugio de Fauna cuyo embalse alberga una gran concentración de avifauna protegida.
Además, dicha actividad aumentaba exponencialmente el riesgo de incendio forestal, debido a que se podían producir expulsiones de partículas incandescentes por los tubos de escape de los vehículos utilizados a gran velocidad, según informa la Asociación.
Desde APAM, consideran que se deberían haber tomado las medidas de precaución oportunas. Sin embargo, no sólo carecía del obligatorio permiso de Evaluación de Impacto Ambiental, sino que además tampoco se tenía constancia de que tuviese licencia de actividades del Ayuntamiento, al tratarse de una actividad con ánimo de lucro.
DENUNCIAS. Hasta seis Agentes Medioambientales denunciaron los hechos de forma reiterada, insiste APAM, con todas las pruebas recabadas en la mano. Sin embargo, la empresa organizadora de la prueba no sólo negó los hechos sino que emprendió acciones legales contra los dos primeros agentes que habían denunciado los hechos.
Pese a que los Agentes Medioambientales demostraron con las pruebas el ilícito cometido, APAM asegura que «no tuvieron ninguna defensa por parte de la Administración, pese a que ésta es garante de la defensa y protección de sus propios funcionarios».
«Es más, los servicios jurídicos de la Junta no dispusieron del tiempo suficiente para preparar el caso con las máximas garantías, lo que podía haber puesto en una situación muy delicada a los Agentes», añade APAM quien califica de «incomprensible e inadmisible» el asilamiento y la falta de amparo que sufrieron los agentes.
AEAFMA. Desde APAM aseguran que los Agentes tuvieron que recurrir a la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) para denunciar los hechos. «Afortunadamente y como no podía ser de otro modo –señala APAM- las acusaciones formuladas contra ellos carecían de toda credibilidad».
En cualquier caso, los Agentes no descartar emprender acciones legales «contra aquellos que presuntamente cometieron una falta de celo o diligencia en sus actuaciones».
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