APAM CLM avisa de presiones a los dos agentes que denunciaron las presuntas viñas ilegales

«Estos compañeros son un ejemplo de responsabilidad y profesionalidad, muchos de los cargos políticos que tenemos en la administración deberían tomar este ejemplo de servicio al interés publico y no interés político, por lo que van a tener nuestro apoyo durante el proceso. Nos vamos a encargar de transmitir a la Fiscalía todas las presiones y las coacciones que sufran, y que sepan también que cuentan con el respaldo de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, no solo con APAM CLM; vamos a plantear cómo, presuntamente, se les ha invitado a abandonar la oficina en la que prestan servicio porque entendemos que puede ser un caso de mobbing, que lo vamos a denunciar y vamos a hacer públicas todas y cada una de las presiones que estos compañeros sufran».
Son declaraciones del presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM CLM), Rubén Cabrero, a encastillalamancha.es en referencia a los dos agentes medioambientales que en diciembre pasado denunciaron ante el Juzgado y la Fiscalía de Cuenca las transformaciones de viñas en vaso a espaldera que desde 2010 se han realizado en parcelas de particulares dentro de la Reserva Natural del Complejo Lagunar Manjavacas y que, según ellos, se llevaron a cabo «ignorando de forma sistemática y deliberada la obligación de solicitar un informe ambiental previo, tal y como publicó este periódico (pinche aquí para leer la información).
Recordemos que tras la publicación del caso en encastillalamancha.es, tanto Ecologistas en Acción como la Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) anunciaron que se personarán como acusación particular.

«LOS HAN QUITADO EL ORDENADOR Y NO PUEDEN ATENDER A LOS CIUDADANOS»
Respecto a que «se les ha invitado a abandonar la oficina» donde trabajan, en la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Belmonte, en la Delegación Territorial de San Clemente (Cuenca), Cabrero ha recalcado que el martes 10 «los informáticos de la Junta fueron a la oficina y desmontaron y se llevaron el ordenador con el que trabajaban los tres agentes medioambientales allí destinados (dos de ellos, los autores de la denuncia), con lo que esos agentes ya no pueden trabajar allí porque no tienen ordenador, no pueden redactar denuncias y, por lo tanto, no pueden atender al ciudadano. Ellos van a seguir yendo a su puesto de trabajo, pero cada vez que tengan que hacer cualquier papel no lo van a poder hacer y tendrán que desplazarse a la oficina que tienen más cerca, en San Clemente, que está a 50 kilómetros. Es poco más o menos una clara invitación para que se vayan».
Cabrero concluye que son «precisamente este tipo de actuaciones de los agentes medioambientales, que presentemos atestados en los Juzgados en los que puedan estar implicados cargos públicos es lo que provoca que quieran limitar nuestra función de policía judicial con la nueva Ley de Montes, para que precisamente estas cosas no se destapen y no vean la luz».

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